La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó firme un fallo que reconoce la existencia de una relación laboral entre los repartidores y la plataforma Rappi, al rechazar los recursos presentados por la empresa y ratificar una multa superior a los 16 millones de pesos argentinos.
Aunque el máximo tribunal no se pronunció de fondo sobre la naturaleza del vínculo laboral, su decisión valida una sentencia previa del Tribunal de Trabajo N°2 de La Plata, que sí concluyó que los repartidores operan bajo una relación de dependencia.
En su análisis, la Corte consideró que los recursos presentados por la compañía carecían de una fundamentación adecuada, limitándose a reiterar argumentos ya expuestos en instancias anteriores.
Multa y origen del conflicto
El caso se remonta a inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre 2020 y 2021, en las que se detectaron presuntas irregularidades en el registro de los repartidores.
Tras requerir documentación laboral que no fue presentada, la autoridad laboral inició un sumario administrativo que derivó en una sanción de 16,4 millones de pesos por incumplimientos a la normativa vigente.
La multa se sustentó en infracciones consideradas “muy graves”, vinculadas a la falta de registro laboral y a normas sobre riesgos del trabajo, afectando a un total de 75 trabajadores.
Rappi apeló la sanción argumentando vulneraciones a sus garantías constitucionales, cuestionando la validez de las inspecciones y negando la existencia de un vínculo de dependencia. Sin embargo, tanto el tribunal laboral como la Suprema Corte rechazaron estos planteamientos.
Si bien la Corte evitó pronunciarse directamente sobre el carácter laboral de la relación, su decisión deja firme el criterio adoptado por la instancia inferior, que establece que los repartidores no operan como trabajadores autónomos, sino bajo condiciones propias de un empleo formal.
El fallo podría ser llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recursos extraordinarios, aunque por el momento la sanción económica quedó en firme.
Debate regulatorio
La decisión judicial se produce en medio de un debate en Argentina sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales. Una reciente reforma laboral plantea que estos trabajadores serían prestadores independientes, aunque su aplicación ha sido suspendida por fallos judiciales.
En paralelo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el envío de un proyecto de ley para regular las plataformas de reparto y transporte. La iniciativa contempla la creación de un registro obligatorio, seguros contra accidentes y mayor transparencia en el uso de algoritmos.
