El Gobierno colombiano impulsa un Estatuto Antiterrorista que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal. Entre las medidas planteadas está la posibilidad de limitar los pagos en efectivo en determinadas transacciones, con el objetivo de facilitar el rastreo de los recursos y prevenir el lavado de activos.
La iniciativa contempla controles sobre operaciones de alto valor, como la compra de apartamentos, vehículos y lotes. La propuesta ha recibido el respaldo de Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), quien considera necesario establecer mecanismos para identificar el origen del dinero utilizado en estas transacciones.
“La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos”, señaló Malagón. El dirigente gremial agregó que seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por ahora, no se han definido los montos a partir de los cuales se aplicarían las eventuales restricciones ni las condiciones específicas para compradores y vendedores.
El Consejo de Política Criminal de la Cámara de Representantes dio vía libre a la iniciativa. El proyecto deberá ser presentado al Congreso y comenzar su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara.
¿Qué otras medidas contempla el Estatuto Antiterrorista?
La limitación de los pagos en efectivo forma parte de un conjunto más amplio de medidas incluidas en el proyecto. Entre ellas figura la creación de un registro de organizaciones o personas relacionadas con actividades terroristas, cuya consulta sería obligatoria para sectores como el financiero, asegurador y bursátil, además de notarios y oficinas de registro de instrumentos públicos.
El borrador también contempla mecanismos para congelar fondos y activos de quienes sean incluidos en dicho registro, así como restricciones para contratar con entidades estatales y nuevas sanciones penales para determinadas conductas, entre ellas los ataques con drones.
En el sector minero, la iniciativa propone crear un sistema nacional de trazabilidad de minerales estratégicos, con un registro de los participantes de la cadena y comprobantes digitales que permitan acreditar el origen de cada lote.
Para los activos virtuales, el proyecto contempla obligaciones de identificación y reporte de información, además de mecanismos para congelar billeteras bajo determinadas condiciones.
Colombia Fintech propone ampliar los pagos digitales
Colombia Fintech respaldó las medidas orientadas a limitar el efectivo en operaciones de alto valor y planteó ampliar la adopción de pagos digitales en otros sectores de la economía.
La asociación propone extender los medios de pago electrónicos a los peajes nacionales y los trámites públicos. Entre las medidas planteadas está eliminar el recaudo físico en ventanillas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otras instituciones estatales.
Asimismo, el gremio propone llevar los códigos y las llaves del sistema de pagos inmediatos Bre-B a taxis, sistemas de transporte público y pequeños comercios. La iniciativa incluye incentivos para facilitar la adopción de estas herramientas por parte de los micronegocios sin generar sobrecostos.
Según Colombia Fintech, la reducción de la dependencia del efectivo podría contribuir a la formalización empresarial, la transparencia de las transacciones y el crecimiento económico, además de dificultar la circulación de recursos provenientes de actividades ilegales.
El debate sobre las garantías judiciales
Además de las medidas para combatir la financiación de grupos criminales, el proyecto abre una discusión sobre las garantías judiciales y el alcance de las facultades previstas para las autoridades.
Entre los aspectos que generan debate están los procedimientos para incluir personas u organizaciones en los registros, el congelamiento de activos y la protección del derecho a la defensa, la presunción de inocencia y las libertades de expresión y protesta pacífica.
El alcance definitivo de las restricciones al efectivo, los sectores cobijados y las condiciones para su aplicación dependerán del texto que se presente y de las decisiones que se adopten durante el trámite legislativo.
Por ahora, las propuestas buscan fortalecer la trazabilidad de los recursos y reducir las posibilidades de que el dinero procedente de actividades ilegales circule por la economía formal. Su implementación, sin embargo, dependerá de las disposiciones que finalmente sean aprobadas.
