El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a los servicios penitenciarios de Mendoza y Córdoba a instalar y operar dispositivos tecnológicos para la detección y bloqueo de señales móviles mediante IMEI e IMSI en establecimientos penitenciarios.
La medida forma parte del Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, creado por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de impedir que dispositivos móviles sean utilizados dentro de las cárceles para planificar y coordinar delitos.
Mendoza y Córdoba se adhirieron al programa, que permite a los servicios penitenciarios detectar y bloquear equipos de comunicación móvil dentro de las unidades penitenciarias. El mecanismo contempla la participación de los operadores móviles, que deberán efectuar el bloqueo de los dispositivos identificados conforme a los procedimientos establecidos por ENACOM.
La resolución establece además que las provincias deberán realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que la inhibición de las señales afecte las comunicaciones en las zonas residenciales y comerciales ubicadas en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios.
Un programa que amplía el bloqueo a las provincias
El programa fue creado para extender a las jurisdicciones provinciales una estrategia que ya contempla el uso de tecnologías de detección y bloqueo en establecimientos penitenciarios federales. La normativa establece que el Ministerio de Seguridad Nacional podrá recibir información sobre los dispositivos detectados y trasladarla a las compañías prestadoras de telefonía móvil para que procedan con su bloqueo.
El procedimiento contempla específicamente el bloqueo de IMEI, IMSI y de la línea telefónica asociada de los dispositivos móviles que sean identificados dentro de las áreas de detención y de acceso restringido al público de los establecimientos penitenciarios federales y de las cárceles provinciales que adhieran al programa.
Los operadores deberán registrar y conservar las gestiones realizadas, garantizando la integridad y trazabilidad de la información generada durante el proceso.
Con la incorporación de Mendoza y Córdoba, el programa busca ampliar el alcance de estas medidas a los establecimientos penitenciarios provinciales. La resolución también invita a las demás provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al esquema.
