El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina autorizó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar y operar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, identificadores del sector móvil, en establecimientos penitenciarios federales. La medida, formalizada mediante la Resolución 336/2026, busca reducir la capacidad de acción de organizaciones criminales que continúan operando desde el encierro mediante el uso de teléfonos móviles no autorizados.
Según la dependencia, el bloqueo del IMEI, número único asociado a cada dispositivo móvil, combinado con el del IMSI, que identifica a la línea o al suscriptor dentro de la red móvil, permite restringir tanto equipos como tarjetas SIM que intenten conectarse desde el interior de los establecimientos.
Actualmente, el marco normativo en Argentina reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a mantener comunicaciones bajo los términos establecidos por la ley. Sin embargo, prohíbe el uso de equipos o terminales móviles dentro de los centros penitenciarios, lo que llevó a implementar mecanismos tecnológicos para impedir estas prácticas.
Bloqueo de IMEI en cárceles federales se hará de la mano de los operadores
Como parte de la medida, se aprobó el “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que define los lineamientos operativos para la implementación de esta tecnología dentro del sistema penitenciario.
El documento establece que el objetivo es bloquear dispositivos móviles activos en zonas restringidas dentro de los establecimientos penitenciarios federales para prevenir actividades ilícitas vinculadas al uso de telecomunicaciones. Su aplicación abarca todas las cárceles federales del país, incluyendo áreas de detención y espacios de acceso restringido.
Para realizar el bloqueo de IMEI, primero se buscará detectar dispositivos sospechosos mediante equipos fijos en zonas restringidas, se generarán reportes con identificadores IMEI/IMSI y las autoridades enviarán las solicitudes formales de bloqueo a los operadores. Estos últimos deberán validar y ejecutar la medida en un plazo no mayor a 48 horas.
La responsabilidad para ejecutar dicho procedimiento recaerá en el Ministerio de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el SPF y en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, el manual establece la creación de un registro actualizado de los dispositivos bloqueados y la realización de auditorías periódicas, así como la aplicación de medidas de confidencialidad sobre la información procesada.
De acuerdo con el documento, se habilitarán espacios seguros fuera de las zonas restringidas para el resguardo de dispositivos móviles de personal autorizado y se capacitará al personal involucrado en la operación del sistema.
En este contexto, la resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio, a realizar los procesos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas de detección y bloqueo.
La normativa también establece que deberán aplicarse ajustes técnicos para evitar que el funcionamiento de estos dispositivos afecte la conectividad en áreas externas a los establecimientos penitenciarios donde sean instalados. Este aspecto suele requerir coordinación técnica para mitigar posibles interferencias en redes móviles cercanas, añadió la dependencia.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
