La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los conductores que operan a través de plataformas de movilidad como Uber, Cabify y DiDi deberán cumplir requisitos equivalentes a los exigidos para taxis, un fallo que reabre el debate sobre la regulación del transporte por aplicaciones en Argentina.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, en una causa iniciada hace casi diez años por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (SPTCF).
La sentencia sostiene que, aun sin una regulación específica para las plataformas digitales, la actividad constituye un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no puede quedar fuera de las exigencias mínimas previstas para el sector.
Entre las obligaciones fijadas por la Cámara aparecen la obtención de licencias profesionales habilitantes y la contratación de seguros específicos para el traslado de pasajeros, requisitos que actualmente rigen para taxis y remises en la ciudad.
El fallo también cuestionó la actuación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que existió una “omisión” regulatoria durante años. Según los jueces, la coexistencia de servicios tradicionales sometidos a controles estrictos y plataformas digitales operando bajo condiciones distintas generó un escenario “desigual e injusto”.
Reforzar controles a apps de movilidad
Además de equiparar obligaciones entre taxis y plataformas, la sentencia ordena al Gobierno porteño adoptar medidas en distintos frentes mientras no exista una ley específica para el sector.
En el plano tributario, la Ciudad deberá avanzar en el cobro de impuestos locales vinculados con la actividad de las plataformas. También deberá reforzar la fiscalización de publicidad relacionada con estos servicios y desarrollar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos asociados a viajes realizados por conductores sin licencias profesionales o seguros obligatorios.
Además, se prohibió temporalmente que el Gobierno cobre ciertos aranceles administrativos a taxis y remises mientras persista el desequilibrio regulatorio.
Los jueces aclararon que el Poder Judicial no busca prohibir las plataformas ni legislar sobre ellas, sino corregir de manera provisoria una situación derivada de la falta de regulación específica.
Tras conocerse la decisión judicial, desde Uber señalaron que la empresa no fue parte del proceso judicial y afirmaron que el fallo “no modifica la forma en que opera la plataforma ni las condiciones bajo las cuales se brinda el servicio”.
