La Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+) pidió a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) incorporar medidas de protección para operadores pequeños, regionales, comunitarios e indígenas en los lineamientos para la creación de entornos de prueba o sandboxes de telecomunicaciones y radiodifusión.
La alianza detalló, en un documento, que considera que estos espacios pueden impulsar la innovación, atraer inversión y reducir la incertidumbre regulatoria, pero advirtió que sus beneficios podrían generar ventajas competitivas para empresas de mayor tamaño frente a operadores que continúan sujetos al marco regulatorio ordinario.
El riesgo podría ser mayor en zonas rurales o de baja densidad, donde operadores pequeños pueden ser los únicos prestadores de conectividad. Facilidades como obligaciones flexibilizadas, espectro temporal, menores costos de entrada y acompañamiento del regulador podrían permitir a una empresa grande ganar usuarios e ingresos durante la prueba, mientras que las pérdidas del operador local difícilmente se revierten.
“Las facilidades de un sandbox funcionan, en la práctica, como un subsidio”, sostiene ALT+. La organización añadió que la propia experiencia internacional citada por la CRT muestra que la admisión a estos entornos puede mejorar el acceso al financiamiento de los participantes, por lo que considera necesario medir también ese beneficio económico.
Piden evaluar competencia antes de autorizar pruebas
ALT+ propone que la CRT realice una Evaluación de Impacto Competitivo antes de cada autorización que pueda afectar a operadores locales existentes. El análisis debería considerar el valor de las flexibilidades regulatorias, reducción de costos de entrada, acceso temporal a espectro, efecto sobre el financiamiento y riesgos de desplazamiento o exclusión.
Esta evaluación tendría que actualizarse si durante la prueba aumentan los usuarios, se amplía el área de cobertura, se incorporan frecuencias, cambian las tarifas, se otorgan prórrogas o se adquiere infraestructura o empresas locales.
El organismo también planteó una etapa de Notificación Operativa Local, mediante la cual los operadores potencialmente afectados sean informados y tengan al menos 15 días hábiles para presentar observaciones técnicas y económicas. La participación no implicaría derecho de veto, pero se espera que la CRT responda a los planteamientos recibidos.
Interferencias y riesgo tecnológico
Otro de los principales riesgos señalados son las interferencias radioeléctricas. ALT+ propone que la empresa que introduzca el nuevo riesgo sea responsable de prevenirlo y corregirlo, y que pueda exigírsele un seguro, fianza o fondo de contingencia para cubrir mediciones, reparaciones, restablecimiento del servicio y atención a usuarios afectados.
Cuando un proyecto coincida o sea adyacente a redes existentes, también se sugirió implementar un Estudio de Coexistencia Electromagnética con medidas de coordinación y protocolos para reducir potencia o apagar el sistema en caso necesario.
La alianza advierte que una prueba realizada por una empresa grande podría terminar condicionando la evolución tecnológica de una zona. Para evitarlo, propone reglas de interoperabilidad, interfaces abiertas, portabilidad de datos y usuarios, posibilidad de utilizar equipos de distintos proveedores y ausencia de exclusividades innecesarias.
Sandbox no debería convertirse en ventaja permanente
ALT+ también pide limitar la comercialización durante las pruebas. Aunque reconoce que ofrecer y cobrar servicios puede ser necesario para validar un modelo, propone establecer límites de usuarios, ingresos, penetración local, territorio y duración para evitar que el experimento se utilice para ganar mercado.
La organización advierte que los datos generados durante el sandbox —como demanda, cobertura, costos y comportamiento de usuarios— pueden convertirse en una ventaja competitiva. Por ello, considera que el conocimiento obtenido mediante una dispensa regulatoria debería contribuir al proceso regulatorio general y no quedar exclusivamente en manos del participante.
Además, aunque el proyecto de lineamientos establece que un sandbox no genera un derecho posterior a obtener una concesión de espectro, ALT+ considera que la experiencia, los usuarios y los datos acumulados durante la prueba podrían generar de facto una ventaja para competir posteriormente por ese recurso.
Facilitar la participación de operadores pequeños
ALT+ pidió que las condiciones económicas y documentales no excluyan a cooperativas, redes comunitarias y concesionarios pequeños.
Entre sus propuestas están contraprestaciones reducidas o preferenciales por el uso temporal del espectro, procedimientos fast-track y requisitos proporcionales al tamaño del proyecto.
La alianza plantea ampliar el concepto de innovación para incluir modelos comunitarios y cooperativos, uso compartido del espectro, alternativas de backhaul y proyectos de conectividad rural, y dar prioridad a iniciativas de inclusión digital.
Finalmente, solicita la transparencia en la relación entre la CRT y los participantes, con criterios públicos de admisión, registro de reuniones y comunicaciones relevantes y equipos multidisciplinarios de evaluación. Por lo que propone impedir que las empresas utilicen la autorización del sandbox como publicidad que sugiera un aval o certificación de la autoridad.
El objetivo es que los sandboxes de telecomunicaciones permitan experimentar con nuevos modelos de conectividad sin que las ventajas regulatorias temporales terminen definiendo ganadores por su tamaño o afectando de forma permanente a los operadores que ya atienden esas comunidades.
