El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), entidad pública mexicana encargada de impulsar proyectos de conectividad, planteó la meta de incorporar 451 “operadores de proximidad” al ecosistema nacional hacia 2030, como parte de una estrategia para ampliar los servicios en localidades donde el mercado tradicional no ha desplegado infraestructura suficiente.
Durante la presentación del Plan de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico 2026, realizada en Monterrey y Guadalajara, la directora general de PROMTEL, Elizabeth Sosa, explicó que esta meta forma parte de la Estrategia Nacional de Pequeños Operadores (ENPO).
El objetivo es escalar la cobertura para aproximadamente 3,1 millones de personas que habitan en 24.000 localidades con servicios limitados o inexistentes, detalló Sosa. Según la última medición oficial disponible, la conectividad en México alcanza cerca de 85% en zonas urbanas, pero se mantiene por debajo de 70% en áreas rurales.
Se busca pasar de 83 a 451 operadores de proximidad
Actualmente existen 83 operadores de proximidad que atienden 3.017 localidades. El diagnóstico presentado por PROMTEL identificó una baja presencia en el norte del país y una fuerte concentración en localidades medianas y pequeñas.
Estos operadores —equivalentes a pequeñas ISP regionales, redes comunitarias o proveedores locales— suelen desplegar infraestructura donde los grandes concesionarios no encuentran incentivos económicos suficientes, debido a una baja densidad poblacional o retornos limitados.
La meta de llegar a 451 operadores busca atender esa “última milla” con modelos de negocio de menor escala y enfoque territorial.
Un elemento clave para escalar el número de operadores es que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce por primera vez a los pequeños operadores como una figura específica dentro del marco jurídico.
De acuerdo con Sosa, este reconocimiento abre la posibilidad de diseñar esquemas regulatorios y de asignación de espectro acordes con redes locales o privadas, en coordinación con el regulador, la industria y los gobiernos estatales y municipales.
“A través de la estrategia nacional de pequeños operadores (la ENPO), estamos construyendo un modelo estructural orientado a reducir barreras de entrada, facilitar financiamiento y generar esquemas diferenciados que permitan que los operadores locales no solo permanezcan en el mercado, sino que crezcan y se consoliden como actores estratégicos”, detalló durante una intervención en la mesa de diálogo.
Espectro para redes privadas y casos específicos
Uno de los puntos centrales expuestos en la mesa de Jalisco es que las próximas licitaciones asociadas a esta estrategia no están orientadas al mercado masivo urbano.
El espectro contemplado se dirige principalmente a redes privadas, industriales o de propósito específico, así como a esquemas de cobertura social focalizada. Esto incluye aplicaciones en sectores como manufactura, minería, agricultura o servicios municipales, además de conectividad fija inalámbrica en comunidades específicas.
De acuerdo con lo expuesto, estas redes no están destinadas al público en general, sino a optimizar procesos productivos y cerrar brechas donde el mercado tradicional no llega.
Asimismo, se precisó que la licitación no está condicionada a proyectos estratégicos federales determinados, sino que busca atender necesidades planteadas por actores locales y empresariales interesados en desplegar infraestructura en sus propias regiones.
Diversidad tecnológica y enfoque productivo
En términos tecnológicos, el ecosistema actual muestra una combinación de modelos:
- 33 operadores utilizan exclusivamente fibra óptica.
- 34 combinan fibra con soluciones inalámbricas fijas (FWA) o redes coaxiales.
- 17 operan únicamente con tecnologías FWA.
Este enfoque flexible permitiría adaptar despliegues a condiciones geográficas y productivas específicas.
Según el diagnóstico presentado, la presencia de pequeños operadores guarda relación con procesos de inclusión social, desarrollo económico local y reducción de desigualdades territoriales, lo que posiciona a estas redes como un complemento a la infraestructura de los grandes operadores y como una herramienta de política pública para cerrar brechas de conectividad.
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