AT&T, Telcel, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) advirtieron que el anteproyecto de la Ventanilla Digital propuesta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría generar nuevos trámites, duplicar requisitos y retrasar el despliegue y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones en México.
La propuesta tiene como objetivo reducir las cargas administrativas que enfrentan las empresas al ampliar sus redes, pues actualmente se requieren hasta 20 trámites estatales y municipales para autorizar un despliegue, lo que implica un tiempo de resolución promedio de 1,4 años.
La Ventanilla Digital funcionaría como el único mecanismo para presentar, gestionar, dar seguimiento y resolver trámites relacionados con telecomunicaciones y radiodifusión desde cualquier lugar e involucraría a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
AT&T pide eliminar trámites duplicados y reducir plazos
AT&T México solicitó que la Ventanilla Digital permita gestionar los permisos federales y locales desde un mismo procedimiento, en lugar de exigir que los operadores obtengan primero las autorizaciones municipales y después presenten una nueva solicitud ante la CRT.
En su participación explicó que mantener ambos procesos podría duplicar las cargas administrativas, por lo que pidió que la Comisión reconozca las revisiones técnicas realizadas por los municipios y evite solicitar nuevamente documentos como proyectos ejecutivos, planos estructurales y dictámenes de riesgo.
Además, propuso eliminar los avisos para actividades que no impliquen obras civiles ni modificaciones estructurales, como el mantenimiento de antenas, la sustitución de radios y el despliegue temporal de sitios móviles conocidos como Cell on Wheels.
En materia de plazos, solicitó revisar los periodos de 45 y 60 días hábiles para resolver permisos de mediana y gran escala, respectivamente, debido a que podrían extenderse cuando la autoridad solicite información adicional. Asimismo, se busca ampliar el plazo de 30 días naturales para iniciar los trabajos después de obtener un permiso y establecer criterios técnicos claros para distinguir los proyectos de mediana y gran escala.
Para emergencias, AT&T propuso permitir intervenciones inmediatas destinadas a restablecer el servicio sin necesidad de una declaratoria oficial, autorización previa o aviso posterior.
La empresa considera necesario encontrar mecanismos alternativos ante fallas de la Ventanilla Digital, debido a que será el único canal obligatorio y sus funcionalidades se implementarán gradualmente. Además de evitar que los operadores entreguen información que ya se encuentra en poder de otras autoridades.
Finalmente, propuso eliminar el artículo 45, que remite los incumplimientos al régimen sancionador de telecomunicaciones, para evitar multas por errores administrativos, y establecer reglas transitorias para proyectos en ejecución y permisos previamente obtenidos.
Telcel solicita excluir el mantenimiento de infraestructura activa
Telcel solicitó eliminar los avisos y permisos para la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura activa, como antenas y equipos de radiocomunicación, debido a que estas actividades no necesariamente implican obras civiles ni modificaciones estructurales.
El operador advirtió que exigir un aviso por cada intervención podría retrasar los trabajos de mantenimiento que realiza diariamente para garantizar la continuidad y calidad del servicio a sus más de 80 millones de clientes. Además de eliminar los avisos para sitios móviles temporales o Cell on Wheels, que actualmente pueden desplegarse sin ese procedimiento.
Otra de sus principales peticiones fue eliminar la obligación de entregar información georreferenciada sobre infraestructura activa, al considerar que concentrar la ubicación y configuración de las radiobases en una plataforma digital podría generar riesgos de sabotaje y comprometer la seguridad de las redes.
Por otro lado, propuso incorporar la afirmativa ficta en todos los procedimientos, de manera que las solicitudes se consideren aprobadas cuando la CRT no responda dentro del plazo establecido. Por lo que que propone ampliar a un año el periodo para iniciar los trabajos o permitir su ejecución mientras permanezca vigente el permiso estatal o municipal correspondiente.
Para evitar duplicidades, se porpone homologar los trámites locales mediante acuerdos entre autoridades, integrar la Ventanilla con otras plataformas gubernamentales y establecer requisitos claros que impidan solicitar permisos arbitrarios en materias de competencia federal.
Finalmente, ante la propuesta de que los procedimientos ante la CRT sean gratuitos, se busca que se reconozcan los derechos de la infraestructura previamente instalada, que existan mecanismos alternativos ante fallas de la plataforma y que se publique un Análisis de Impacto Regulatorio para evaluar las nuevas obligaciones.
ASIET propone sustituir permisos por avisos y registros
ASIET considera pertinente que la Ventanilla Digital funcione mediante un mecanismo de aviso y registro, en lugar de exigir nuevos permisos federales para desplegar infraestructura. La asociación considera que agregar autorizaciones federales a los trámites estatales y municipales podría aumentar los tiempos y costos del despliegue, sin resolver las barreras administrativas existentes.
ASIET propone que los operadores registren las autorizaciones locales obtenidas, incluyendo la autoridad emisora y el folio correspondiente, sin tener que someter nuevamente el proyecto a una revisión federal.
En caso de que la CRT mantenga los permisos, ASIET señala que incorporar la afirmativa ficta, limitar las solicitudes de información adicional y evitar que se vuelvan a exigir documentos que ya se encuentran en el expediente digital.
Por eso, es pertinente eliminar la obligación de proporcionar información georreferenciada sobre infraestructura activa, debido a los riesgos de seguridad que representa concentrar datos estratégicos sobre la ubicación y configuración de las redes.
Otra de sus propuestas fue crear un catálogo técnico nacional de trámites, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que establezca formatos, requisitos y plazos máximos que los gobiernos estatales y municipales puedan adoptar.
ASIET propone delimitar las atribuciones de la CRT y la ATDT, así como crear mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades e industria para dar seguimiento a la implementación de la Ventanilla Digital. Asimismo, que la plataforma permita gestionar desde una sola solicitud los procedimientos ante otras autoridades federales, incluidos los relacionados con derechos de vía y áreas naturales protegidas.
En materia de costos, busca que los trámites ante la CRT sean gratuitos y que los cobros municipales se limiten al costo real del servicio administrativo, debido a que las tarifas desproporcionadas pueden obstaculizar la inversión en infraestructura.
Finalmente, pidió ampliar el plazo para iniciar los trabajos a un año o vincularlo con la vigencia de los permisos locales, además de evaluar las cargas administrativas que se eliminarían y crearían con las nuevas disposiciones.
Anatel pide reducir permisos de 60 a 15 días
Anatel solicitó reducir de 60 a 15 días hábiles el plazo máximo para resolver los permisos de alto impacto, con el objetivo de acelerar los proyectos de infraestructura y evitar retrasos administrativos.
También propuso incorporar la afirmativa ficta, establecer que las solicitudes de información adicional se formulen durante los primeros cinco días hábiles y limitar a diez días hábiles la revisión de las correcciones presentadas por los operadores.
Para las redes móviles, pidió que los operadores no tengan que dar avisos o pedir permisos para las actividades de mantenimiento, modernización y sustitución de equipos activos que no impliquen obras civiles ni modificaciones estructurales, así como eliminar los avisos para sitios Cell on Wheels.
En materia de seguridad, Anatel propuso sustituir los archivos georreferenciados por claves del INEGI que identifiquen únicamente la entidad federativa y el municipio, sin revelar la ubicación exacta de las radiobases, ya que podría facilitar actos de sabotaje y exponer datos estratégicos de los operadores.
Para infraestructura pasiva, propuso que un mismo aviso permita realizar múltiples actividades dentro de un municipio, tenga una vigencia mínima de 12 meses y cuente con acuse automático, ampliar a 180 días naturales, prorrogables, el plazo para iniciar los trabajos. Al igual que para atender emergencias, que evite intervenciones inmediatas ante robos, vandalismo, fenómenos naturales o daños por obras públicas y privadas, independientemente de la escala de los trabajos.
Además, propuso ampliar de 24 horas a siete días hábiles el plazo para presentar avisos posteriores cuando estos sean necesarios. En el caso de las redes móviles, pidió eliminar completamente esa obligación, con el fin de evitar retrasos en el restablecimiento del servicio.
Asi como AT&T, Anatel solicitó eliminar el artículo 45 del anteproyecto, al advertir que podría permitir multas de hasta el 3% de los ingresos por incumplimientos administrativos, sin criterios específicos para determinar su gravedad. En su lugar, propuso mecanismos de corrección documental sin sanciones ni suspensión de trabajos.
La asociación quiere evitar que las nuevas disposiciones obliguen a regularizar infraestructura previamente instalada y establecer procedimientos especiales para modificaciones derivadas de obras públicas o privadas de terceros.
Para atender conflictos con autoridades locales, propuso crear un Registro Federal Voluntario donde los operadores puedan reportar clausuras o restricciones, de modo que la CRT intervenga y solicite información a la autoridad correspondiente dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Finalmente, la empresa quiere establecer mecanismos de coordinación para proyectos en zonas ejidales, comunidades indígenas y derechos de vía, para evitar nuevos cobros por el uso de la Ventanilla y homologar los requisitos de despliegue en las 32 entidades federativas.
