Durante las mesas de trabajo de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, encabezadas por su presidenta Patricia Mercado, representantes de Rappi, Uber, DiDi, inDrive y AlianzaIn México expusieron sus inquietudes respecto al proyecto de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al considerar que los nuevos requisitos y costos podrían limitar las oportunidades de trabajo de quienes utilizan la motocicleta para generar ingresos.
La propuesta contempla una licencia específica para motociclistas, un permiso de aprendizaje de al menos seis meses, seguros obligatorios, revisiones vehiculares anuales y requisitos adicionales para quienes realicen actividades de reparto, mensajería y transporte de pasajeros.
Adicionalmente, plantea nuevas obligaciones para las empresas relacionadas con la capacitación de conductores, verificación vehicular, coberturas de seguros, gestión segura de rutas, tiempos e incentivos, atención de emergencias y entrega de información a las autoridades.
Por otro lado, prevé facultar a los estados y municipios para regular estas actividades y habilitar espacios de estacionamiento, descanso y detención breve para la entrega y recolección de mercancías.
En las mesas de trabajo participaron fabricantes de motocicletas, organizaciones civiles, colectivos de motociclistas y autoridades de movilidad.
La diputada señaló que existen al menos 14 iniciativas relacionadas con la regulación de motocicletas y la micromovilidad, por lo que busca presentar una propuesta consensuada antes del 15 de diciembre. Las conversaciones continuarán en 2027 con autoridades federales y estatales y se espera tener un dictamen entre febrero y abril.
AlianzaIn México
Fabiola Peña, directora ejecutiva de AlianzaIn, asociación que agrupa a Uber, DiDi, Rappi, Lalamove, Mensajeros Urbanos e inDrive, pidió reconsiderar las licencias, seguros, registros y capacitaciones adicionales para repartidores, homologar los criterios de movilidad a nivel nacional y evitar duplicidades con la reforma laboral de plataformas digitales.
Peña explicó que muchas personas utilizan vehículos propios y trabajan con distintas aplicaciones para complementar sus ingresos, por lo que las nuevas exigencias podrían limitar su participación. También solicitó evaluar las afectaciones económicas para las mipymes y establecer mesas de trabajo técnico para continuar revisando la iniciativa.
Rappi
Isabella Mariño, directora de Asuntos Públicos de Rappi, pidió eliminar las licencias, registros, certificaciones y permisos especiales para repartidores, así como las obligaciones empresariales adicionales de capacitación, verificación vehicular, seguros y gestión de riesgos.
La ejecutiva señaló que solo el 13% de los 1,75 millones de trabajadores de plataformas digitales registrados ante el IMSS en octubre de 2026 superó el umbral de ingresos establecido por la legislación laboral. Según Mariño, el 87% participa de manera esporádica o complementaria, por lo que las nuevas exigencias podrían limitar sus oportunidades económicas.
Asimismo, argumentó que las capacitaciones, verificaciones y seguros podrían generar costos duplicados para quienes trabajan con varias aplicaciones, y que el riesgo de conducir una motocicleta depende de la velocidad, las habilidades del conductor, el estado del vehículo y las condiciones de circulación, independientemente de su uso personal o comercial.
Rappi también solicitó distinguir la regulación del transporte de pasajeros de la entrega de mercancías. Por su parte, Fernando Cota, representante de la compañía, reiteró su rechazo a los permisos especiales para repartidores. La empresa respaldó la creación de espacios de estacionamiento y descanso.
Uber
Julia Ortiz, gerente de Políticas Públicas de Uber, solicitó definir claramente los servicios de transporte privado y mercantil, así como reconocer la función de intermediación de las plataformas digitales para establecer responsabilidades distintas a las de los prestadores directos del servicio.
DiDi
Martina Martínez, representante de DiDi, pidió establecer criterios verificables de seguridad vial para el diseño de rutas, tiempos de entrega e incentivos, a fin de evitar incertidumbre jurídica. También solicitó que la información entregada a las autoridades sea agregada y anonimizada para proteger los datos personales y comerciales.
La compañía propuso reconocer las obligaciones que ya cumple en materia laboral y de seguridad social, ampliar de 180 a 365 días el plazo de implementación a partir de la publicación de los lineamientos y homologar los criterios regulatorios estatales y municipales.
Asimismo, solicitó impedir prohibiciones generales y límites al número de prestadores de servicios, al considerar que podrían restringir la competencia, elevar los precios y reducir las oportunidades de ingresos.
Entre sus propuestas también destacan reducir el periodo de aprendizaje de seis meses mediante capacitaciones certificadas, establecer seguros asequibles y evitar la rotulación obligatoria de cascos y chalecos.
inDrive
Karla Miguel, representante de inDrive, respaldó el reconocimiento del transporte de pasajeros en motocicleta y solicitó que las obligaciones sean proporcionales a las responsabilidades y capacidades de cada actor, considerando las particularidades de sus modelos de negocio y las oportunidades económicas que generan.


