Dos diputados de Morena presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México iniciativas para reformar la Ley de Movilidad. Las propuestas plantean caminos distintos para abordar el transporte en motocicletas mediante plataformas digitales como Uber, DiDi o inDrive.
La iniciativa de la diputada Elizabeth Mateos, presentada el 26 de agosto de 2026, tiene como objetivo prohibir el uso de motocicletas para prestar servicios de transporte privado de personas a cambio de una contraprestación, sin importar si la contratación se realiza de manera directa, mediante plataformas digitales, aplicaciones tecnológicas u otros medios.
Para los infractores se contemplan multas de entre $58.655 y $117.310 pesos (unos US$3.223 y US$6.446), además de la remisión de la motocicleta al depósito vehicular correspondiente. En su propuesta, Mateos detalló que busca atender riesgos relacionados con la seguridad vial y personal de quienes utilizan este tipo de servicios.
Entre los casos citados por la diputada está el de María del Carmen ‘N’, de 47 años, quien murió en julio de 2025 tras caer de una moto de DiDi en Paseo de la Reforma, y el de Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado días después de abordar un DiDi Moto en el Estado de México.
Por otra parte, el diputado Miguel Ángel Macedo propone incorporar la definición de mototaxi a la ley y establecer atribuciones para que la Semovi pueda regular y supervisar el servicio de transporte de pasajeros en mototaxis.
Además, plantea que las alcaldías emitan una opinión previa para la autorización de los permisionarios y contempla que los servicios de mototaxis y ciclotaxis operen mediante recorridos previamente acordados entre usuarios y operadores, con reglas sobre permisos, zonas y vialidades.
Esta reforma propone multas que van de MX$4.692 a MX$7.039 (US$258 a US$387) para los casos en que la prestación del servicio de mototaxis o ciclotaxis incurra en una infracción para la que no exista una sanción específica.
El debate ocurre mientras el uso de estos servicios tiene una presencia relevante en la movilidad de la capital. DiDi México estima que unas 30.000 motocicletas prestan este servicio en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Además, un estudio de Kantar publicado en abril de 2026 señala que 34% de las personas en México han utilizado un servicio de mototaxi. Por su parte, Uber reporta que 8 de cada 10 usuarios eligen la motocicleta para evitar el tráfico.
Repartidores cuestionan las propuestas
Ante las iniciativas, Repartidores Unidos de México (RUM) expresó su rechazo y señaló que ambas propuestas no consideran la realidad laboral de las personas que trabajan mediante plataformas digitales.
Sobre la iniciativa de Mateos, la organización sostiene que la prohibición podría afectar los ingresos de las familias que obtienen recursos mediante la prestación de servicios de transporte en motocicleta mediante aplicaciones.
Para el colectivo, el servicio responde a una necesidad de movilidad por sus menores tiempos de traslado y costos, por lo que plantea regularlo en lugar de prohibirlo, mediante medidas como licencias específicas, capacitación y seguros homologados.
Respecto de la propuesta de Macedo, RUM cuestiona que el esquema planteado pueda trasladarse directamente a los servicios que operan mediante plataformas digitales, particularmente por las reglas sobre permisos, horarios, tarifas, zonas, recorridos y vialidades.
La organización cuestionó, por medio de un comunicado, cómo se determinarían las tarifas de los viajes contratados mediante aplicaciones y si los derechos laborales de las personas trabajadoras de plataformas quedarían sujetos a decisiones de las alcaldías o de la Semovi.
El colectivo también cuestionó si en la elaboración de la regulación participarían la STPS, las personas trabajadoras y las plataformas digitales, por lo que planteó que la discusión debe considerar la reforma laboral aplicable a este sector. Para ello, RUM pide un diálogo entre autoridades, trabajadores y empresas antes de definir las reglas para estos servicios.
