El gobierno federal mexicano rechazó que la nueva obligación de asociar líneas móviles a personas físicas implique la creación de un padrón nacional de usuarios móviles, como se ha reportado por medios y analistas.
Además, aseguró que el resguardo de la información recae exclusivamente en las empresas de telecomunicaciones.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que el esquema vigente no contempla una base de datos administrada por el Estado, sino un proceso de identificación que debe ser realizado y conservado por cada operador.
“No hay como tal un registro de líneas celulares en el gobierno. Cada compañía de telefonía hace la documentación de sus usuarios y los datos no quedan en resguardo de ninguna autoridad”, afirmó el funcionario.
Peña Merino reiteró que la medida responde a la problemática del uso de líneas anónimas para la comisión de delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual, facilitados por la posibilidad de adquirir chips de prepago sin identificación. De acuerdo con el funcionario, México era uno de los pocos países donde este tipo de adquisición seguía siendo posible.
Más de 2 millones de líneas asociadas
José Merino informó que, al corte más reciente, se han asociado 2.151.802 líneas móviles a personas físicas. Este proceso, precisó, continuará de manera gradual conforme se acerque el plazo límite establecido en la ley.
Según la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las líneas adquiridas antes del 9 de enero de 2026 tendrán hasta el 30 de junio para completar la asociación, mientras que los chips comprados a partir de esa fecha no podrán activarse hasta que el titular realice el registro correspondiente.
Identificación sin biométricos ni acceso gubernamental
El funcionario subrayó que el esquema no contempla el almacenamiento de datos biométricos ni fotografías. En el caso del registro remoto, dijo que las imágenes capturadas se utilizan únicamente para validación de identidad y no se conservan en las bases de datos de las empresas.
Asimismo, reiteró que el gobierno no tiene acceso directo a la información de los usuarios y que solo en caso de la comisión de un delito, las autoridades de investigación podrán solicitar datos a los operadores, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Penal Federal.
Como medida adicional de transparencia, Peña Merino adelantó que las empresas de telecomunicaciones desarrollarán una plataforma que permitirá a los usuarios consultar qué líneas están asociadas a su CURP, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos de cada número, con el fin de detectar registros no reconocidos.
La autoridad insistió en que el nuevo esquema debe entenderse como un mecanismo de identificación administrado por los operadores y no como un padrón gubernamental, en contraste con antecedentes como el RENAUT o el PANAUT, que sí implicaban bases de datos centralizadas.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
