La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) respaldó la nueva Ley de Economía Digital, que entró en vigor el 5 de noviembre, pero advirtió que parte de un diagnóstico incompleto, y que las disposiciones pendientes de emitir determinarán si contribuye a la inclusión financiera o genera nuevas barreras de acceso.
A través de un comunicado de prensa, la Asociación detalló que la ley asume que lo único que falta para adoptar pagos digitales es la adopción por parte de la población. Sin embargo, desde su perspectiva aún hacen falta capacitación, confianza, conectividad, dispositivos adecuados, reglas de privacidad y certeza sobre quién paga la transacción.
AIMX identifica vacíos legales en Ley de Economía Digital
De acuerdo con el documento, la ley acierta en impulsar los pagos digitales en trámites y servicios del gobierno y la interoperabilidad, en promover la identidad digital para acceder a servicios financieros y buscar la formalización de los negocios sin que esto signifique más impuestos.
No obstante, expone cinco vacíos legales que podrían convertir una buena ley en una fuente de exclusión, fraude y litigio. En primer lugar, la AIMX destaca que la falta de adopción de pagos digitales responde al hecho de que no se ha enseñado a la población a utilizar las herramientas con seguridad, ante la experiencia de personas cercanas que perdieron sus ahorros, y que usaban estas plataformas digitales.
La segunda preocupación es la CURP Digital, para AIMX su uso permitiría saber quién abre una cuenta, pero no evita que un delincuente induzca al titular a hacer movimientos bancarios. Otro aspecto es la conectividad, ya que la ley no contempla recursos adicionales para la mejora de la señal y solo prevé el uso de efectivo en caso de emergencias.
Como cuarto vacío, la organización señala que no se le da suficiente peso a la privacidad de los datos personales, que no aparece en la legislación. Con las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que establecieron la CURP biométrica como documento nacional de identificación oficial y crearon la Plataforma Única de Identidad, datos como la línea telefónica, cuenta bancaria y transacciones quedaron asociados a la CURP y pueden ser requeridos por la Plataforma de Inteligencia Nacional sin necesidad de una autorización judicial.
Por último, no es clara la definición de lo que constituye un “sector estratégico” ni ningún criterio para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo defina. Para la asociación, si una actividad cotidiana entra en la lista previa a la capacitación y a las reglas de privacidad, el resultado será una mayor exclusión de las personas.
Ocho propuestas para evitar la exclusión financiera
Ante este panorama, la AIMX puso a disposición de las autoridades su capacidad técnica y emitió ocho propuestas para las disposiciones que aún están pendientes de emitir en los siguientes 30 días hábiles.
Entre las sugerencias destacan un programa nacional de capacitación sobre cobros digitales para los comercios y charlas obligatorias para los usuarios al abrir cualquier cuenta, así como campañas permanentes sobre fraude. En ese sentido, se propone estipular el reembolso de toda operación fraudulenta de manera ágil, que recaiga en la entidad adecuada y no solo en la institución financiera.
Para la definición de los sectores estratégicos, la Asociación sugiere que se elijan tomando en cuenta aspectos como: riesgo de lavado, monto promedio, bancarización de los usuarios, terminales disponibles y cobertura de red. Con una elección que se someta a consulta pública y contemple establecer plazos de vigencia diferida, revisiones anuales y un procedimiento ágil para impugnar la inclusión de un sector.
Además de la asignación de un presupuesto real para el desarrollo de planes, políticas y programas en materia de conectividad que ayuden en la implementación de los pagos digitales y faciliten el acceso a la población.
La AIMX propuso desarrollar versiones lite de apps financieras y de la CURP digital, que puedan funcionar en teléfonos de gama media y baja, con menor capacidad de almacenamiento y procesamiento. También plantea incorporar instrucciones y alertas en lenguas indígenas, así como ofrecer canales de atención con asistencia personalizada para facilitar el uso de estos servicios a personas mayores y con discapacidad
Otra de las peticiones consiste en brindar más garantías para la privacidad habilitando el uso de biometría solo al abrir una cuenta y control judicial para el acceso de cualquier autoridad al historial crediticio junto con prohibición expresa de usos secundarios, plazos de borrado e informes de transparencia de la Plataforma Única de Identidad.
Adicionalmente, se plantea contar con estándares mínimos de seguridad y privacidad. Para comercios y tesorerías, que haya códigos QR dinámicos y firmados. La AIMX recomendó conservar bitácoras de autenticación y operación en caso de que un juicio requiera elementos probatorios.
Otra sugerencia es que existan reglas para que bancos, fintech y nuevos participantes compitan en igualdad de condiciones y que se establezcan calendarios públicos, periodos de prueba y gradualidad según el tamaño de los comercios.
Finalmente, la asociación civil destacó la importancia de que se realice un informe anual sobre adopción, exclusión, fraude y uso de la información de identidad y de pagos, y revisión integral de la ley a los tres años.
En este contexto, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para someter a consulta pública la primera lista de sectores y las disposiciones secundarias antes de su publicación, así como establecer mesas técnicas con la industria, la academia y la sociedad civil para definir reglas claras sobre privacidad, seguridad, costos y gradualidad en la implementación.
