La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso el 9 de septiembre, recibió respaldo de autoridades financieras y representantes del sector privado durante las reuniones de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, también expusieron diferencias sobre la transición del efectivo a los pagos digitales, la inclusión financiera, los costos para comercios y MiPyMEs, la neutralidad tecnológica y los tiempos de implementación.
La propuesta busca cerrar la brecha entre la infraestructura de pagos digitales disponible en México y su uso cotidiano. Entre otros puntos, contempla la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros, acciones para ampliar la aceptación de medios de pago digitales y reglas para situaciones en las que contingencias impidan utilizarlos.
Sector público respalda nueva Ley de Economía Digital
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), señaló que la ley puede funcionar como un puente entre la infraestructura desarrollada por Banco de México (Banxico) y el uso cotidiano de los pagos digitales.
Aunque el uso de transferencias aumentó tres puntos porcentuales entre 2021 y 2024, el efectivo todavía concentra 85% de las transacciones menores a 500 pesos. El funcionario sostuvo que la digitalización puede facilitar la inclusión financiera, simplificar la experiencia de los usuarios, permitirles construir un historial financiero y contribuir a la prosperidad de barrios, regiones y MiPyMEs.
Sin embargo, reconoció que la falta de conectividad es uno de los principales obstáculos, por eso se está avanzando en conversaciones avanzadas con operadores móviles para que los pagos digitales no generen cobro de datos y puedan realizarse incluso sin saldo de recarga. Además, recalcó que la meta del Gobierno en el Plan Nacional de Conectividad es llegar a 98%.
Otón Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado de Banxico, también respaldó la iniciativa en un momento en el que las operaciones bancarias mantienen una tendencia al alza, después de casi 7.500 millones en 2025, se proyectan 10.000 millones en 2026, además de cerca de 15 mil millones de pagos con tarjeta este año.
Por su parte, Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), destacó el papel de los pagos digitales dentro del sistema financiero y señaló que la inclusión puede ampliar el acceso a crédito, mejores condiciones de financiamiento e instrumentos financieros adecuados.
Comercios ponen el foco en las comisiones
Posterior a la primera discusión con el sector público, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se reunieron con representantes de empresas y asociaciones del sector privado.
Para Octavio de la Torre, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la Ley de Economía Digital responde a un cambio real que no debe frenarse, pero sí atender las barreras que enfrentan los negocios.
Según un estudio con información de 31 entidades realizado por el organismo, 94% de los negocios cuentan con smartphone y 88% con internet, pero 46% no acepta tarjetas. Entre los obstáculos está el costo de las comisiones (35%), falta de internet (20%), preferencia por efectivo (17%), desconocimiento sobre medios de pago (16,9%), falta de tiempo para disponer de los recursos (15,4%) y miedo a ser víctimas de fraude (10,4%).
De la Torre sostuvo que digitalizarse no debe ser un costo para los negocios, con comisiones que superan el 3,5% en promedio, actualmente cuatro de cada 10 negocios excluyen los pagos digitales. Como alternativa, Concanaco Servytur propuso una mesa técnica permanente con todos los actores del ecosistema para construir un nuevo esquema de comisiones y pidió que el Legislativo impulse este proceso.
Sector privado pide condiciones para la transición
Desde la Asociación de Bancos de México (ABM), María Isabel Quiroga manifestó su beneplácito por los objetivos de la iniciativa, particularmente por el impulso a los medios de pago digitales, la certeza e identidad digital mediante la CURP Digital y el expediente ciudadano, así como por la modernización gradual de los sectores público y privado, y reiteró su disposición a aportar análisis, datos y perspectivas al proceso legislativo.
Rafael Ávila, de la Asociación de Sociedades Financieras, expresó preocupación por los artículos 3 y 14 y los transitorios tercero y cuarto, relacionados con la posibilidad de que Hacienda determine sectores o actividades en los que se establezcan medios de pago digitales. Ávila advirtió que una restricción al efectivo podría afectar a millones de personas desatendidas por la banca tradicional y generar impactos en la cobranza, riesgo sintético y fomento a la informalidad.
En la misma discusión, Liseth Ramos, experta en derecho económico internacional, señaló que la iniciativa representa un avance, pero planteó cuatro condiciones necesarias:
- establecer límites, excepciones y mecanismos de impugnación si Hacienda determina sectores con pagos exclusivamente digitales
- garantizar que la falta de cuentas bancarias o conectividad no impida acceder a bienes, servicios o trámites
- considerar los costos administrativos y de adaptación para las MiPyMEs, incluyendo capacitación y proporcionalidad;
- revisar la convivencia de la nueva legislación con las normas existentes para evitar incertidumbre jurídica.
Posición de las fintechs
Desde el sector fintech, Paola Sofía Vázquez, de la fintech mexicana Clip, planteó que la regulación debe mantener la neutralidad tecnológica. Desde Nu, Lilian Arellano Jaimes, respaldó la iniciativa, pero sostuvo que la adopción masiva de pagos digitales requiere entender las necesidades reales de la población y promover la competencia. Para la entidad, el paso del efectivo a lo digital debe ser una decisión atractiva para las personas y no una imposición.
Al respecto, hizo un llamado a incorporar criterios de neutralidad tecnológica y simplicidad de la experiencia con enfoque centrado en el usuario y de ubicuidad e interoperabilidad. Además de establecer plazos de implementación transparentes y acordes con las capacidades técnicas de las organizaciones, así como periodos de prueba que permitan realizar adecuaciones antes de la aplicación plena de las nuevas obligaciones.
La representante de Mercado Pago, Georgina Bertolotti, directora de Riesgo y Cumplimiento, coincidió en la necesidad de una implementación gradual, por lo que considera que la iniciativa es un primer paso para ampliar la inclusión financiera.
Sobre la CURP Digital, señaló que puede contribuir a simplificar el acceso a servicios digitales siempre que conserve su carácter opcional. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo se definan su funcionamiento, la portabilidad de información y su vinculación con entidades financieras, por lo que propuso que Banxico amplíe los niveles de cuentas de operación.
Para definir sectores estratégicos o actividades relevantes en los que se impulse la digitalización, Mercado Pago planteó que la decisión se tome con participación de los medios de pago y ofreció aportar análisis y datos agregados sobre el comportamiento de sus usuarios. Para Bertolotti, debe considerarse la experiencia completa del usuario: la CURP Digital, el expediente ciudadano y una eventual ampliación de niveles de cuenta que podrían simplificar los pasos necesarios para realizar un pago digital.
La empresa, además, considera que la regulación secundaria será determinante por sus implicaciones en TPV, pagos con QR, incorporación de usuarios, ingreso de recursos a cuentas e interoperabilidad, por lo que pidió plazos acordes con las capacidades de cada sector y preservar la libertad de elección.
Ramiro Nava, representante de Fintech México, también pidió neutralidad tecnológica, especialmente en la implementación de pagos con QR que requieren una infraestructura específica dentro del ecosistema existente, por lo que será necesario determinar las inversiones, adecuaciones y responsabilidades de los distintos participantes, con plazos graduales para su integración.
La iniciativa permanece en análisis de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con opinión de las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y de Presupuesto y Cuenta Pública.
