La salida progresiva de Telefónica de varios mercados de América Latina no es un movimiento improvisado ni una reacción a una crisis coyuntural. Se trata del desenlace de una estrategia definida hace casi una década que hoy marca un punto de inflexión para la industria regional de las telecomunicaciones, con impactos directos en la competencia, la inversión y el rol de los reguladores.
Desde 2017–2018, la compañía española anunció un viraje en sus prioridades globales: concentrarse como operador integrado en mercados considerados estratégicos como España, Alemania, Reino Unido y Brasil, y reducir gradualmente su exposición en el resto de la región. Ese giro se materializó con la creación de Telefónica Hispanoamérica, que agrupó las operaciones latinoamericanas (excepto Brasil) bajo una lógica de menor inversión y preparación para la desinversión.
“Lo que estamos viendo hoy es el último paso de una estrategia definida hace siete u ocho años”, explica a Mobile Time Latinoamérica, Geusseppe González, Head of LATAM de Access Partnership. “No es que Telefónica esté en quiebra; es que el retorno esperado dejó de ser atractivo frente al esfuerzo de inversión que exige la región”, señala.
Un retiro anunciado, con causas estructurales
La retirada se ejecutó de forma gradual: primero con una reducción sostenida de inversiones; luego con la salida de negocios móviles -como ocurrió en México-, y más adelante con la venta de activos no estratégicos como torres, antenas, data centers, oficinas y terrenos en distintos países.
Para José Ignacio Díaz, Senior Research Analyst de Industry Intelligence en IDC, la decisión responde tanto a factores financieros como a un contexto estructural complejo. “Latinoamérica ha sido históricamente un mercado volátil, con alta competencia en precios, bajos márgenes y un riesgo crediticio elevado. Eso ha reducido el atractivo para inversiones de largo plazo”, señala.
A esto se suma el impacto del riesgo cambiario: ingresos en monedas locales que, al convertirse a euros, erosionan de forma significativa la rentabilidad. La presión competitiva de actores como América Móvil y Millicom, junto con mercados ya maduros, terminó por inclinar la balanza.
Geusseppe González, Head of LATAM de Access Partnership
No obstante, la realidad resulta diferente en cada país. Mientras en Argentina, la venta de la operación a Telecom encendió alertas por la concentración del mercado y la medida fue suspendida por el gobierno de Milei. En Perú, la adquisición por parte de Integra Tec (un operador con lógica de fondo de inversión) introdujo un nuevo enfoque centrado en rentabilidad, incluso dejando fuera a clientes menos rentables.
“El problema surge cuando una sola empresa es la única que llega a zonas alejadas. Ahí el regulador debe garantizar el bienestar social, ya sea con subsidios o esquemas de colaboración público-privada”, advierte Díaz.
Pero frente a la salida conjunta, los países en los que ha resultado más compleja la venta ha sido Chile y Colombia. En el primero se ha especulado frente a posibles ofertas, mientras que en el segundo, se da paralelamente con la autorización de la fusión entre Tigo y Movistar.
Chile: mercado avanzado, pero poco rentable
El caso chileno ilustra con claridad las tensiones que enfrenta la industria en la región. A pesar de ser uno de los países más avanzados en despliegue de 5G —con coberturas cercanas al 90%— Telefónica aún no ha logrado concretar la venta de su operación.
“Chile es uno de los mercados más exigentes del mundo: precios muy bajos, alta presión competitiva, un regulador activo y usuarios con expectativas muy altas en calidad de servicio”, explica Díaz. Este entorno ha reducido significativamente los márgenes, incluso en un mercado con altos niveles de adopción tecnológica.
Además, cualquier potencial comprador enfrenta un fuerte escrutinio regulatorio. Operadores como Entel o América Móvil podrían concentrar demasiado poder de mercado, lo que obliga a las autoridades a evaluar con cautela cualquier operación. A esto se suman los cambios políticos y regulatorios recientes, que han incrementado la percepción de riesgo entre inversionistas.
Colombia: liderazgo regulatorio, pero sin hoja de ruta clara
Colombia ocupa un lugar particular en este proceso. Históricamente, el país ha sido referente regional en política pública digital y regulación del sector. Sin embargo, frente a la salida de Telefónica, la fusión entre Tigo y Movistar, la venta de la participación estatal en UNE y los problemas de nuevos entrantes como Telecall, el mensaje actual es confuso.
“No se percibe una hoja de ruta clara ni una pe
José Ignacio Díaz, Senior Research Analyst de Industry Intelligence en IDC
dagogía suficiente hacia la industria y los usuarios”, sostiene González. A esto se suma la subasta de espectro 5G de 2023, cuyo diseño -aunque bien intencionado- impuso obligaciones homogéneas a operadores con capacidades muy distintas, afectando especialmente a jugadores como WOM y al nuevo entrante brasileño.
El resultado es visible: un despliegue de 5G desigual, con Claro concentrando gran parte de la infraestructura, mientras otros operadores enfrentan mayores dificultades financieras y operativas para cumplir con las obligaciones impuestas.
Este miércoles se espera que Tigo tome el control total de Movistar en Colombia, mientras paralelamente el gobierno colombiano puso a disposición su participación en la empresa. No obstante, González considera que ese dinero que resulte de la venta de esas acciones no está destinado al sector de telecomunicaciones, sino que hace parte de la estrategia del Estado para cubrir la crisis financiera del país.
Frente a la idea de crear un nuevo operador estatal, planteada en su momento por el presidente Gustavo Petro, que reaparece de forma recurrente en el debate. González considera que es una alternativa poco realista en el contexto actual.
“La industria cambió radicalmente desde la época de Telecom. Los niveles de inversión y el conocimiento técnico requeridos hoy hacen que competir con actores como Claro o Millicom sea prácticamente imposible en el corto y mediano plazo”, afirma. “La política pública debe medirse por resultados, no por intenciones”.
Millicom y el nuevo equilibrio regional
En este contexto, Millicom (Tigo) ha emergido como uno de los principales compradores de activos de Telefónica en países como Colombia, Ecuador, Uruguay y Centroamérica. Su rol ha sido clave para facilitar la transición, aunque no está exento de interrogantes.
“Que lo compre Millicom no significa automáticamente que sea bueno o malo; todo dependerá de cómo se ajuste la competencia, la inversión y la cobertura en el mediano plazo”, señala González. Para el experto de IDC, el gran desafío será cómo este actor integrará las operaciones y cumplirá con los compromisos asociados a despliegues de 5G y obligaciones sociales.
¿Menos operadores implica peor competencia?
El debate sobre la concentración sigue abierto. Para ambos analistas, el número de operadores no es el factor determinante. “Puedes tener dos operadores y una competencia pésima, o siete operadores y una competencia igual de débil”, afirma González. “Lo clave es la intensidad competitiva: precios, calidad, cobertura e innovación”.
Casos como Brasil o Chile, con pocos actores y altos niveles tecnológicos, y otros como Colombia o México, donde un operador dominante garantiza cobertura en zonas remotas, muestran que la relación entre concentración y calidad no es lineal.
“El mercado ya no da para muchos jugadores. Hoy, sostener más de tres o cuatro operadores por país es extremadamente difícil con la estructura actual”, afirma Díaz.
Según González, cuando existe presión competitiva real, los incentivos se alinean para mejorar la experiencia del usuario sin necesidad de una intervención constante del Estado. “La competencia obliga a invertir, a mejorar la calidad y a diferenciarse, y eso es lo que debe proteger la regulación”, subraya.
Reguladores ante un escenario inevitable
La salida de un actor histórico obliga a los reguladores de cada país a revisar con lupa los efectos sobre competencia, cobertura y calidad del servicio. Sin embargo, el diagnóstico se repite en la región: impedir la salida no es una opción realista.
México fue el primer país en enfrentar este escenario. Allí, Telefónica devolvió espectro y pasó a operar como OMV. A pesar de las preocupaciones por el fortalecimiento de América Móvil, las autoridades no lograron frenar el proceso. Análisis similares se repiten hoy en Argentina, Perú, Colombia y Chile.
“Cuando hay pocos actores, el poder de mercado aumenta. Ahí el regulador debe estar muy atento para evitar afectaciones a la competencia y, sobre todo, a los usuarios”, advierte Díaz.
Durante años, los consumidores se beneficiaron de precios bajos y subsidios, pero esa dinámica también ha golpeado la rentabilidad y pone en riesgo las inversiones necesarias para sostener redes robustas,
2026: cautela y redefiniciones
De cara a 2026, el sector de telecomunicaciones en América Latina entra en una etapa de ajuste. Las empresas estarán enfocadas en integrar operaciones, renegociar compromisos regulatorios y esperar definiciones políticas en países con procesos electorales relevantes.
“No veo grandes inversiones ni movimientos disruptivos en el corto plazo. Estamos en una fase de reordenamiento”, concluye Díaz.
El consenso es claro: sin una cooperación más estrecha entre el sector público y privado, la región corre el riesgo de frenar su desarrollo digital justo cuando la conectividad se ha convertido en infraestructura crítica para la economía y la inclusión social.
