En América Latina hablamos con frecuencia de crecimiento, productividad, inversión, empleo y reducción de la pobreza. Pero hay una conversación que merece mucha más atención: qué tan fácil es, en la vida real, trabajar, emprender, producir, invertir o comerciar.
Porque una cosa es que estos derechos estén reconocidos en las leyes y otra muy distinta que puedan ejercerse sin encontrar, en el camino, una montaña de trámites, costos o barreras.
Pensemos en situaciones cotidianas. Una empresa que espera meses por una licencia. Un pequeño negocio que debe cumplir requisitos difíciles de entender o costosos de asumir. Un productor que quiere exportar, pero se encuentra con obstáculos. O una persona que trabaja por cuenta propia y quiere formalizarse, pero no encuentra una ruta que le permita crecer y mejorar sus ingresos.
Ahí es donde las libertades económicas dejan de ser un concepto y se convierten en una realidad que afecta la vida de las personas.
Los cinco estudios presentados en el foro regional “LATAM Sin Barreras”, promovido por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), muestran que esta situación tiene distintas caras en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.
En Colombia, por ejemplo, Bogotá registra 1.428.000 trabajadores informales, frente a 4.283.000 ocupados, lo que representa una tasa de informalidad laboral de 33,3 %, de acuerdo con la más reciente medición del DANE para el trimestre abril-junio de 2026. Las cifras dejan una pregunta sobre la mesa: ¿de qué sirve ordenar una actividad económica si después no existe una ruta para acceder a mercados, mejorar los ingresos y avanzar hacia la formalización?
En Argentina, el problema aparece desde otro frente. La investigación identificó 150 tributos, 82 de ellos municipales. Pero el reto no está únicamente en la cantidad. Cuando un pequeño negocio debe asumir requisitos similares a los de actividades de mayor tamaño o riesgo, los costos pueden terminar siendo desproporcionados para quien tiene menos capacidad.
En Bolivia, la preocupación está puesta en lo que ocurre después. Se encontró una relación entre informalidad, baja productividad y dificultades para que las pequeñas empresas crezcan. Esto lleva a entender la formalización de otra manera: no solo como cumplir obligaciones, sino como una puerta de entrada a financiamiento, nuevos mercados, inversión y posibilidades de expansión.
En El Salvador, mientras el comercio de bienes y servicios (importaciones + exportaciones) pasó de representar el 49,6 % del PIB en 1990 al 88,2 % en 2025, sólo el 6,2 % de las empresas formales exportó bienes en 2022. Y en Guatemala, una licencia sanitaria que debía tardar oficialmente entre 15 y 20 días hábiles podía terminar tomando entre cinco y ocho meses.
Son situaciones diferentes, pero detrás de todas aparece una misma pregunta: ¿las reglas están ayudando a que las personas y las empresas aprovechen las oportunidades o, en algunos casos, las están alejando de ellas?
Hablar de libertades económicas no significa eliminar las reglas. Una sociedad necesita regulación, controles y estándares. El desafío está en que esas reglas sean claras, proporcionales, comprensibles y previsibles, y que puedan aplicarse de manera consistente.
La libertad económica, en otras palabras, no significa ausencia de reglas, sino reglas que permitan avanzar.
Y esto no es un asunto exclusivo de los empresarios. También tiene que ver con quien busca empleo, con el emprendedor que intenta sacar adelante su negocio, con el trabajador independiente y con las personas que producen en las regiones.
Muchas veces, la libertad económica se define en lugares muy concretos: una alcaldía, una entidad sanitaria, una aduana, un puerto o una ventanilla empresarial. Allí una norma puede convertirse en una oportunidad o en un obstáculo.
También importa la capacidad de las instituciones para hacer que las reglas funcionen. Una misma política puede producir resultados muy diferentes en territorios con capacidades técnicas y administrativas distintas.
Por eso, hablar de libertades económicas también significa hablar de mejores instituciones: menos trámites innecesarios, requisitos claros, menos discrecionalidad en la aplicación de las normas, costos y tiempos transparentes, regulaciones que se evalúen antes y después de aplicarse y una mejor coordinación entre entidades y territorios.
América Latina necesita crecer, elevar su productividad, atraer inversión y generar oportunidades. Para conseguirlo, no basta con crear políticas públicas. Hay que asegurarse de que las personas y las empresas tengan realmente cómo aprovecharlas.
Cerrar la brecha entre las reglas y las oportunidades significa, finalmente, lograr que aquello que está reconocido en el papel pueda convertirse en una posibilidad real para quien quiere trabajar, producir, emprender, invertir o comerciar.
