Expertos de las Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, instaron a Venezuela a eliminar las restricciones de acceso a sitios web de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y plataformas digitales, al considerar que estos bloqueos limitan la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la privacidad.
En un pronunciamiento publicado el 28 de octubre de 2026, los expertos señalaron que, aunque durante septiembre se restableció el acceso a varios sitios y plataformas digitales, todavía existen restricciones totales o parciales que afectan a medios nacionales e internacionales, herramientas de privacidad en línea y organizaciones de la sociedad civil.
Según la información recibida por los expertos de la ONU, entre los proveedores de servicios de internet que han aplicado estos bloqueos durante años se encuentran CANTV, Digitel, Telefónica Venezolana (Movistar Venezuela), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network. Las restricciones se habrían implementado a solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Los expertos recordaron que la prohibición de la red social X fue levantada después de los terremotos de junio de 2026, mientras que otros servicios digitales permanecieron inaccesibles. Posteriormente, en septiembre, se produjo el desbloqueo de varios sitios web y plataformas.
«El reciente desbloqueo de sitios web es un paso en la dirección correcta. Pero debe extenderse a todos los sitios bloqueados indebidamente y ser aplicado por todos los proveedores de servicios de Internet», señalaron.
Empresas de telecomunicaciones y derechos humanos
El pronunciamiento también puso el foco en las responsabilidades de los operadores de telecomunicaciones frente a las restricciones de acceso a internet. Los expertos recordaron que estas empresas tienen la obligación independiente de respetar los derechos humanos y pidieron al Gobierno garantizar que las instrucciones emitidas por las autoridades no contribuyan a vulneraciones de estos derechos.
En particular, mencionaron a CANTV, empresa estatal que debe desarrollar sus actividades de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Asimismo, expresaron preocupación por la falta de información sobre los fundamentos jurídicos de los bloqueos y los mecanismos disponibles para impugnarlos. Por ello, solicitaron a las autoridades venezolanas adoptar medidas conforme a las normas internacionales para evitar que se repitan restricciones arbitrarias.
Reformar la Ley contra el Odio
Los expertos también se refirieron al anuncio de la presidenta encargada de solicitar modificaciones a las disposiciones penales de la Ley contra el Odio. Indicaron que los mecanismos internacionales de derechos humanos han manifestado preocupación por esta legislación desde su adopción en 2017, debido a su utilización para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia pacífica.
En ese sentido, señalaron que cualquier reforma debe ajustarse a los estándares internacionales y garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión.
Finalmente, destacaron avances en procesos penales contra periodistas, incluidos tres casos recientes que concluyeron con sentencias absolutorias, y manifestaron su expectativa de que se adopten medidas similares en otros procesos pendientes.
Los expertos informaron que mantienen contacto con el Gobierno de Venezuela para transmitir sus preocupaciones.
