El Gobierno de Perú incautó siete torres de telecomunicaciones, 33 antenas, repetidores y otros equipos durante un operativo simultáneo contra estaciones radioeléctricas clandestinas instaladas en las inmediaciones de cuatro establecimientos penitenciarios. La intervención se realizó en Lima, Callao y Apurímac, con el objetivo de desmantelar infraestructuras que podían facilitar comunicaciones ilícitas desde las cárceles.
El operativo fue ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. La intervención incluyó zonas cercanas a los penales Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia y Andahuaylas.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, supervisó el despliegue del Comando Unificado desde Palacio de Gobierno y aseguró que las intervenciones continuarán en otros establecimientos penitenciarios del país. Fujimori señaló que el operativo se apoya en la coordinación institucional, el uso de tecnología y las labores de inteligencia para identificar las señales que ingresan a los penales.
Según la mandataria, las autoridades detectaron transmisiones que permitían establecer comunicaciones desde el interior de las cárceles y que, tras las denuncias correspondientes, las intervenciones se ejecutaron con orden judicial.
Antenas operaban en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz
Las estaciones intervenidas estaban ubicadas en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia y Andahuaylas. Según el MTC, estas infraestructuras utilizaban antenas sectoriales y direccionales, repetidores y otros dispositivos para dirigir señales hacia el interior de los centros penitenciarios y así evadir los sistemas de bloqueo de comunicaciones.
En las inmediaciones de Ancón I, los equipos de fiscalización intervinieron dos inmuebles que albergaban torres de 12 y tres metros de altura, equipadas con antenas que operaban en distintas frecuencias de la banda de 5 GHz.
En Santa Rosa, cerca del penal Piedras Gordas II, se desmanteló una estación con una torre de cuatro metros y cinco antenas direccionales. También se intervino una torre de 18 metros en Puente Piedra, equipada con siete antenas.
En el Callao, las autoridades desmantelaron dos estaciones cercanas al penal Sarita Colonia. Una contaba con una torre de 15 metros y tres antenas sectoriales, mientras que la otra tenía una estructura de 21 metros con cuatro antenas sectoriales y una direccional.
Por su parte, en Andahuaylas, región Apurímac, se intervino una estación con una torre de 15 metros y dos antenas direccionales. De acuerdo con el ministerio, esta infraestructura operaba en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, utilizadas para transmitir señales de internet de banda ancha.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, explicó que las instalaciones fueron identificadas mediante labores de fiscalización para detectar emisiones que operaban sin las autorizaciones correspondientes y fuera de lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
Este operativo forma parte de las acciones que desarrolla su sector para retirar equipos ilegales de comunicación en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios.
Control del espectro radioeléctrico
El MTC advirtió que la instalación y operación de infraestructura radioeléctrica sin autorización o concesión afecta la gestión del espectro radioeléctrico, un recurso limitado y estratégico cuya administración corresponde al Estado.
El uso no autorizado de frecuencias también puede distorsionar el mercado de telecomunicaciones y generar competencia desleal frente a los operadores formales, que deben cumplir las obligaciones técnicas y regulatorias vigentes.
Según el ministerio, estas infracciones pueden dar lugar a sanciones administrativas y, dependiendo de las circunstancias, a responsabilidades penales. Asimismo, determinados delitos relacionados con la instalación de antenas en zonas intangibles de establecimientos penitenciarios pueden sancionarse con penas de hasta nueve años de prisión, de acuerdo con la legislación aplicable.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que las diligencias técnicas permitieron identificar los inmuebles desde los cuales se transmitían señales hacia los centros penitenciarios. Según el funcionario, la comprobación de estas emisiones sustenta las actuaciones policiales correspondientes.
Las autoridades también señalaron que el operativo busca neutralizar fuentes externas de transmisión de internet que podrían utilizarse para eludir los sistemas de bloqueo penitenciario, sin afectar la conectividad legítima de los residentes de las zonas aledañas.
Los equipos incautados, entre ellos enrutadores, antenas y fibra óptica, serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.
Finalmente, Fujimori afirmó que se mantendrá un monitoreo permanente en los establecimientos penitenciarios para evitar la reactivación de conexiones clandestinas. El Gobierno prevé extender estas intervenciones a otros penales del territorio nacional.
