El Senado de México aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reducir gradualmente el uso de efectivo y facilitar que las personas realicen pagos desde el celular u otros medios electrónicos.
El proyecto obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra en lo general, luego de que las reservas presentadas por legisladores del PAN, PRI y Morena no fueran aceptadas, dejando la iniciativa sin modificaciones. Su entrada en vigor está sujeta a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a las disposiciones necesarias para su implementación.
La ley prevé una adopción gradual de los pagos digitales y faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar en qué sectores estratégicos serán la única modalidad aceptada. Esto quiere decir que el efectivo no dejará de utilizarse de manera generalizada, sino que su aceptación dependerá de los sectores que defina la dependencia.
Pagos digitales, identificación y servicios financieros
La legislación contempla que los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y los proveedores de bienes y servicios realicen las acciones necesarias para aceptar pagos digitales y electrónicos. Entre las modalidades previstas están las transferencias electrónicas, las tarjetas de débito y crédito, los códigos QR, la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) y la domiciliación de pagos.
También incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación de servicios financieros. En paralelo, otorga facultades al Banco de México para implementar programas informáticos que faciliten las transferencias electrónicas, emitir disposiciones para homologar aplicaciones de servicios financieros y establecer medidas o infraestructura que favorezcan el acceso de la población a estos servicios.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también tendrá un papel en la implementación, mediante la emisión de modelos para homologar trámites relacionados con el desarrollo económico.
La ley prevé excepciones cuando se presenten contingencias que afecten temporalmente la disponibilidad de los sistemas de pago. En esos casos, se permitirá el uso de efectivo o cheque. Además, la ley reconoce que la transición dependerá de que los sistemas y la infraestructura necesarios estén disponibles para realizar las operaciones.
Cuestionamientos durante el debate
Durante la discusión legislativa, senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano advirtieron que la adopción de pagos digitales puede generar costos adicionales para los pequeños comercios, como la contratación de internet, la adquisición o renta de terminales y el pago de comisiones bancarias. También señalaron que limitar el efectivo en determinadas actividades podría excluir a personas sin cuenta bancaria, conectividad o habilidades para utilizar aplicaciones financieras.
El senador José Máximo García López, del PAN, cuestionó el impacto económico de la política, mientras que la priista Karla Guadalupe Toledo Zamora advirtió que los costos de modernización podrían recaer en las micro, pequeñas y medianas empresas. Por parte de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón señaló que la falta de acceso a servicios bancarios y digitales podría convertirse en una barrera para parte de la población.
En contraste, legisladores de Morena y del PVEM defendieron la iniciativa por su potencial para facilitar transacciones, reducir traslados y ampliar la inclusión financiera. Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, destacó que la digitalización puede facilitar las operaciones comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas y mejorar sus posibilidades de acceder al crédito formal.
