El Gobierno colombiano avanza en la definición de nuevas medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de evitar que personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares y redes móviles para ordenar extorsiones, coordinar acciones criminales y cometer otros delitos.
La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, se reunieron el 24 de agosto con representantes de los operadores móviles, entre ellos Claro y WOM, para evaluar alternativas que permitan reforzar el control de las comunicaciones dentro y alrededor de las cárceles.
Durante la mesa de trabajo se revisaron las medidas que ya han sido implementadas para restringir este tipo de comunicaciones y se identificaron los retos que aún deben resolverse desde los puntos de vista técnico, jurídico y operativo.
Los operadores móviles presentaron sus inquietudes y propuestas frente a las alternativas que analiza el Gobierno y manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades.
Bloqueo de comunicaciones
De acuerdo con los ministerios TIC y de Justicia, la meta es avanzar hacia soluciones que permitan impedir que las redes de comunicaciones sean utilizadas desde los centros penitenciarios para mantener actividades delictivas.
La estrategia también contempla la participación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el propósito de fortalecer las acciones contra las estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles.
El Gobierno señaló que los detalles de las nuevas medidas serán anunciados en los próximos días, una vez se definan las alternativas para atender los desafíos técnicos y regulatorios asociados al bloqueo de las comunicaciones no autorizadas.
La iniciativa se suma a los esfuerzos de las autoridades para combatir delitos como la extorsión, que pueden ser coordinados mediante llamadas y otros servicios de comunicación desde establecimientos penitenciarios.
