El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento para la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como “Ley Uber”, en un intento por destrabar una normativa que lleva años sin poder implementarse en Chile.
La ley, aprobada en 2023, aún no ha entrado en vigor debido a la ausencia de un reglamento operativo. Aunque una versión anterior fue visada por Contraloría en abril del año pasado, nunca se publicó en el Diario Oficial, en medio de cuestionamientos por sus exigencias técnicas y retrasos en el desarrollo de la plataforma tecnológica necesaria para su funcionamiento.
El nuevo texto, que ahora deberá pasar nuevamente por el proceso de toma de razón, introduce una serie de cambios orientados a flexibilizar las condiciones de operación, con impacto directo en conductores, pasajeros y taxis colectivos.
Menos restricciones y mayor oferta
Entre las principales modificaciones, el reglamento elimina la exigencia de cilindrada mínima y flexibiliza los criterios de antigüedad de los vehículos. Se permitirá el ingreso de autos con hasta cinco años de antigüedad, plazo que se amplía a siete años en regiones extremas, mientras que los vehículos ya operativos podrán seguir funcionando hasta cumplir 15 años.
Asimismo, se simplifican los trámites y documentos requeridos para registrarse en las plataformas, se facilita el reemplazo de conductores y se incrementa la frecuencia de publicación de cupos disponibles, que será cada 10 días, además de eliminar su congelamiento.
Según el Ejecutivo, la versión anterior del reglamento podía dejar fuera hasta el 85% de los conductores debido a restricciones consideradas excesivas.
Uno de los puntos que más llamó la atención es la modificación al Decreto 212, es que permitirá a los taxis colectivos aumentar su capacidad, pasando de transportar cuatro pasajeros a un rango de entre cuatro y ocho personas.
Un sistema aún sin implementación
En paralelo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones continúa trabajando en la plataforma tecnológica necesaria para poner en marcha la ley, luego de procesos fallidos que han retrasado su desarrollo.
El gobierno proyecta que el sistema podría estar operativo en los próximos meses, pero su entrada en vigencia dependerá de que la Contraloría apruebe el reglamento.
Mientras tanto, las aplicaciones de transporte siguen operando en un escenario sin regulación plenamente vigente.
