El recién posesionado Gobierno de Chile, a través del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció modificaciones al reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, en una decisión que busca evitar la salida masiva de conductores, contener un eventual aumento de tarifas y asegurar la continuidad del servicio.
El ministro De Grange señaló que la versión original del reglamento “destruía la industria de las aplicaciones”, al imponer restricciones que podían dejar fuera hasta al 85% de los conductores y vehículos.
Este nuevo reglamento, según el ministro, se está preparando junto con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Contraloría, y se espera que se empiece a implementar en los próximos días.
La medida, que llega pese a que el reglamento original fue aprobado por la Contraloría y está a la espera de su publicación, desató un conflicto político entre el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y su antecesor, Juan Carlos Muñoz.
Muñoz defendió la norma pero, antes de terminar el gobierno del expresidente Gabriel Boric, señaló que la ejecución de la Ley Uber le correspondía al nuevo gobierno. Una normativa que ha generado años de debates sobre las condiciones para conductores y vehículos, y retrasos en el desarrollo de la plataforma tecnológica necesaria para operar el sistema.
Qué es la Ley Uber
La Ley 21.553, aprobada en 2023, regula por primera vez en Chile el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi, Cabify e InDrive. Su objetivo es establecer un marco formal para este tipo de servicios, garantizando seguridad para usuarios y conductores, condiciones mínimas de operación y competencia con el transporte tradicional.
La normativa crea un registro nacional de conductores y vehículos, administrado por la Subsecretaría de Transportes, que permitirá a los usuarios verificar si un servicio está habilitado. También establece exigencias como certificaciones de antecedentes y mecanismos de identificación, incluyendo códigos QR visibles en los vehículos.
Uno de los puntos más exigentes de la ley es la obligación de contar con licencia profesional clase A2, el mismo requisito que rige para taxistas.
Para obtenerla, los conductores deben cumplir condiciones como tener al menos 20 años, contar con licencia clase B por un mínimo de dos años, aprobar cursos especializados y presentar certificados médicos y de antecedentes.
Además, los conductores deberán inscribirse en el registro oficial y no contar con antecedentes por delitos graves, como delitos sexuales, narcotráfico o conducción bajo efectos del alcohol.
Sin embargo, para que la ley entrará en vigencia se necesitaba del desarrollo de un software en que se alojaría toda la información sobre la identidad de conductores, los usuarios y los viajes de todas las plataformas de movilidad. Aunque el anterior gobierno contrató a una empresa para el desarrollo del software, en octubre de 2025, el gobierno anunció problemas en su ejecución.
Otro de los debates frente a la norma era el límite de cilindrada y la antigüedad que requieren los vehículos para poder operar dentro de las plataformas. La norma exigía una máximo de 3 años, lo que limitaba que más conductores pudieran registrarse.
Modificaciones
Entre los cambios más importantes se contempla la eliminación de requisitos como la cilindrada mínima de 1.400 cc y los límites de antigüedad de los vehículos, que abre la posibilidad de registrar un automóvil con condiciones óptimas para operar. Con la flexibilización, se busca que hasta un 85% de quienes estaban en riesgo puedan continuar operando en plataformas como Uber y DiDi.
El ministro advirtió que mantener el reglamento original habría generado un “apagón” del servicio, con una reducción drástica de la oferta de vehículos, tiempos de espera que podrían multiplicarse hasta por diez y un alza en las tarifas, especialmente en zonas periféricas.
Frente a la plataforma, el ministro afirmó que después de abrirse una nueva licitación y cambiar las condiciones después de que ninguna empresa se presentará -solo hasta febrero se adjudicó- con la nueva reglamentación se busca que esta plataforma esté acorde con las nuevas modificaciones y las necesidades del ecosistema.
Plataformas respaldan los cambios
Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In Chile, entidad que agremia a las plataformas como Uber, DiDi e InDrive, señaló a Mobile Time Latinoamérica que reciben con optimismo los cambios que plantea el ministerio.
“El reglamento en su fase anterior hubiera sido muy perjudicial para el ecosistemas, pero también para los usuarios y para los conductores. La norma afecta de manera negativa el empleo en el país”, señaló. Además, destaca que el sector generó cerca de 134.000 empleos formales en 2025.
En ese punto, considera que el impacto inmediato con estas modificaciones se verá reflejado por el número de conductores que, con el reglamento anterior, disminuía en alrededor de un 70% de conductores activos. “Esto encarecía el sistema porque íbamos a tener menos vehículos disponibles”, apunta.
No obstante, advirtió que el debate regulatorio sigue abierto, mencionando aspectos críticos como el congelamiento del registro de conductores por 18 meses y la exigencia de licencias profesionales, que podría ser compleja de implementar a gran escala. “La flexibilidad es una de las principales ventajas del sistema”, subrayó.
Cruce político escala al Congreso
La controversia también llegó al Congreso, donde los parlamentarios manifestaron preocupación por los posibles efectos de los cambios y en la esencia de la norma aprobada en 2023. Además, advirtieron que los cambios vía reglamento podrían generar un debate institucional.
El Gobierno defiende que las modificaciones buscan ajustar el marco regulatorio sin afectar la operación de las plataformas, optimizando el sistema y evitando impactos negativos en empleo y cobertura.
No obstante, el debate sigue abierto. Mientras algunos sectores prioriza la continuidad del servicio y la protección del empleo, otros advierten riesgos asociados a la reducción de exigencias técnicas y sus implicaciones en seguridad y calidad.
