La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) lanzó un llamado urgente al Senado de la República a mexicana para revisar a fondo el Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados dentro del Paquete Económico 2026.
Según el organismo, la redacción actual del artículo facultaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad fiscal y otras dependencias a acceder de manera permanente, en tiempo real y sin orden judicial a las bases de datos de las plataformas digitales, lo que podría constituir un sistema de vigilancia masiva con efectos adversos en la privacidad, la ciberseguridad y la confianza en el ecosistema digital mexicano.
De acuerdo con la AIMX, la medida implicaría una violación directa al Artículo 16 Constitucional, y a diversos tratados internacionales, al permitir la inspección de información sensible sin control judicial.
Además, ampliaría el riesgo cibernético entre sistemas gubernamentales y privados, incrementando la probabilidad de incidentes de seguridad y exposición de datos personales.
El organismo también advirtió que el impacto económico sería considerable para las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de servicios digitales para su operación, al imponerles cargas de cumplimiento que no aplican a las empresas físicas.
También podría impactar directamente en millones de usuarios y prestadores de servicios, afectando la continuidad de operaciones, el libre flujo de datos y la libertad de expresión en entornos digitales.
Otras organizaciones proponen alternativas
Organizaciones como el Centro de Derecho e Innovación del Gobierno (CEDIG) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) señalaron que la medida carece de salvaguardas institucionales o judiciales suficientes para prevenir abusos.
También advierten que, combinada con otras reformas recientes en materia de fiscalización y control de datos, podría debilitar los contrapesos institucionales y erosionar el Estado de derecho digital en el país.
Ante este panorama, las asociaciones propusieron adoptar modelos más proporcionales y técnicamente viables, basados en reportes cifrados, canales de intercambio temporales y procedimientos de supervisión formal.
De esa forma, explican, sería posible fortalecer la recaudación y la transparencia fiscal sin poner en riesgo los derechos digitales, la innovación tecnológica ni la estabilidad del comercio electrónico en México.
La AIMX propuso sustituir el acceso en tiempo real por mecanismos de auditoría selectiva y reportes periódicos, siempre bajo control judicial y con criterios de proporcionalidad.
También sugiere delimitar con claridad el tipo de información a la que el SAT podría acceder, restringiéndola a datos estrictamente fiscales, implementar esquemas diferenciados para MiPyMEs y establecer protocolos de protección cibernética acordes con estándares internacionales.
El organismo advirtió que aprobar el artículo en sus términos actuales representaría un retroceso histórico para la economía digital y un riesgo de incumplimiento con los compromisos adquiridos por México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al introducir restricciones al flujo de datos y a la operación de plataformas digitales extranjeras.
