La reforma al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados en México, que forma parte del Paquete Económico 2026, ha encendido alarmas en el ecosistema digital del país. De aprobarse en el Senado, México se convertiría en el primer país de Latinoamérica en imponer un acceso directo y continuo del fisco a los sistemas de las plataformas digitales.
El nuevo artículo 30-B otorgaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal, la facultad de conectarse en tiempo real y de manera permanente con los sistemas internos de las plataformas digitales, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Aunque la Secretaría de Hacienda sostiene que el objetivo es mejorar la eficiencia recaudatoria, organismos del sector digital advierten que la medida podría vulnerar derechos fundamentales. Además, generarían riesgos de vigilancia masiva, ciberseguridad e incertidumbre jurídica.
En su diseño actual, la reforma permitiría al SAT acceder directamente a la información fiscal de los usuarios de plataformas como Netflix, Amazon, Mercado Libre o aplicaciones de movilidad y delivery, lo que podría vulnerar los datos de las personas.
Para el Consejo Ejecutivo de la Economía Digital (CEDIG) esto representa un cambio sustancial en la relación entre el Estado y las empresas tecnológicas, al abrir la puerta a un monitoreo constante sin mediación judicial.
Vigilancia fiscal de plataformas digitales afectaría a usuarios y pymes
Expertos del CEDIG consideran que no existe un precedente similar en economías avanzadas, donde la cooperación fiscal se realiza mediante mecanismos de intercambio temporal, auditables y con supervisión legal.
Además, el esquema podría implicar riesgos de seguridad sistémica, al crear un punto único de conexión susceptible de vulneraciones o mal uso.
Dado el volumen de datos personales, financieros y transaccionales que procesan las plataformas, una brecha en ese canal podría tener consecuencias para millones de usuarios.
Desde el punto de vista operativo, la conexión permanente también supondría costos adicionales de infraestructura, desarrollo técnico y cumplimiento, lo que afectaría con mayor fuerza a startups y empresas medianas. Lo que podría desincentivar la innovación y crear asimetrías competitivas dentro del mercado digital.
Bloqueo temporal preocupa a sector
Otro punto de preocupación es la posibilidad de bloqueo temporal de plataformas que no habiliten el acceso solicitado por el SAT.
Este mecanismo, considerado extremo por asociaciones del ecosistema digital, podría impactar directamente en millones de usuarios y prestadores de servicios, afectando la continuidad de operaciones y la libertad de expresión en entornos digitales.
Organizaciones como el CEDIG y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) señalaron que la medida carece de salvaguardas institucionales o judiciales suficientes para prevenir abusos.
También advierten que, combinada con otras reformas recientes, podría debilitar los contrapesos institucionales y erosionar el Estado de derecho digital en el país.
Ante este panorama, las asociaciones proponen adoptar modelos más proporcionales, basados en reportes cifrados, canales de intercambio temporales y procedimientos de supervisión formal. De esa forma, señalan, sería posible fortalecer la recaudación sin poner en riesgo los derechos digitales ni la confianza en la economía digital mexicana.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
