El Gobierno de Colombia expidió el Decreto 0769, mediante el cual reglamenta la Ley 2489 de 2025 que establece un marco para promover, proteger y garantizar entornos digitales sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes.
La norma fija nuevas obligaciones para el Estado, las instituciones educativas, las familias y las empresas tecnológicas con el objetivo de prevenir los principales riesgos que enfrentan los menores en internet.
Entre las amenazas identificadas por el Gobierno se encuentran el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la captación mediante plataformas digitales, la vulneración de la privacidad y la exposición a contenidos inapropiados.
El Decreto 0769 fue construido tras dos rondas de consulta pública realizadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026, proceso en el que se recibieron más de 500 observaciones de ciudadanos, gremios y organizaciones sociales. En su elaboración participaron entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Nuevas obligaciones para plataformas digitales
El decreto incorpora el principio de corresponsabilidad entre los diferentes actores involucrados en la protección de menores. En el caso de las empresas que ofrecen plataformas y servicios digitales, la regulación establece que deberán:
- Incorporar principios de privacidad desde el diseño y por defecto.
- Gestionar los riesgos asociados al uso de sus servicios por parte de menores de edad.
- Presentar al Ministerio TIC informes semestrales sobre los avances en el cumplimiento de estas medidas.
Por su parte, las instituciones educativas deberán incluir la prevención de riesgos digitales dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales y Manuales de Convivencia, mientras que las familias contarán con nuevas herramientas de orientación para acompañar el uso responsable de la tecnología.
Autorregulación con la industria tecnológica
Además de las obligaciones establecidas para las plataformas digitales, el Decreto 0769 contempla un esquema de autorregulación con la industria del software y los proveedores de servicios digitales.
La norma dispone que el Ministerio TIC, a través del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia y en coordinación con la academia y organizaciones de la sociedad civil, promoverá la firma de instrumentos de autorregulación con empresas del sector tecnológico.
Estos acuerdos estarán orientados por el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y buscarán impulsar buenas prácticas para fortalecer la seguridad en los entornos digitales.
Entre los compromisos previstos se incluyen facilitar el acceso seguro a recursos en línea, implementar medidas para mitigar riesgos digitales, informar sobre las rutas institucionales de atención y ayuda, y reforzar la protección de la privacidad y la identidad de los menores en los servicios digitales.
La iniciativa complementa las obligaciones regulatorias impuestas por el decreto y busca que la industria participe de manera voluntaria en la construcción de un ecosistema digital más seguro para la niñez.
Sistema de monitoreo
Uno de los principales mandatos del decreto es la formulación, durante los próximos doce meses, de una Política Pública Nacional de Entornos Digitales Sanos y Seguros. Además, la normativa ordena la creación de un repositorio gratuito con recursos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes, libre de publicidad dirigida a menores y sin recolección de datos personales como requisito de acceso.
También se contempla un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, coordinado por el Ministerio TIC e integrado por el Ministerio de Educación, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, para fortalecer la prevención, detección y atención de riesgos digitales.
El Gobierno aclaró que las obligaciones se implementarán de manera gradual, de acuerdo con el nivel de riesgo y la capacidad técnica de cada actor, y precisó que las medidas no podrán derivar en censura previa, monitoreo generalizado de las comunicaciones ni afectar los mecanismos de cifrado.
Con esta regulación, Colombia busca fortalecer el marco institucional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, al tiempo que promueve una mayor coordinación entre autoridades, sector educativo y empresas tecnológicas para reducir los riesgos asociados al uso de internet.
