La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) expresó su rechazo a la iniciativa contenida en el Paquete Económico 2026 que obligaría a las plataformas digitales a dar acceso directo, permanente y en tiempo real a sus sistemas y registros al Servicio de Administración Tributaria (SAT), máxima autoridad fiscal en México.
El Ejecutivo federal planteó que los prestadores de servicios digitales estarían obligados a abrir sus bases de datos al SAT bajo reglas técnicas determinadas por la propia autoridad, según la definición establecida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El argumento oficial sostiene que la medida busca mejorar la eficiencia recaudatoria y disponer de información inmediata sobre las operaciones digitales, un segmento que ha crecido de manera significativa. Además, contempla que el SAT pueda apoyarse en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para la gestión tecnológica y el análisis de datos.
El incumplimiento de esta obligación daría lugar al bloqueo temporal de los servicios digitales, a través de los concesionarios u operadores de telecomunicaciones, siguiendo lo previsto en la Ley del IVA.
La propuesta equipara este esquema a otras obligaciones fiscales como la inscripción en el RFC o la designación de representante legal.
Riesgos de la propuesta según la ALAI
Por medio de un posicionamiento público, la ALAI advirtió que la iniciativa habilita un acceso sin límites claros a información privada de usuarios. Lo que vulneraría derechos constitucionales como la privacidad, la protección de datos personales y el debido proceso. También alertó sobre riesgos para la ciberseguridad y la confianza de millones de usuarios.
La asociación considera desproporcionada la facultad de bloquear plataformas en caso de incumplimiento, pues impactaría la certidumbre jurídica, la inversión y la libertad de expresión. Recuerda que un planteamiento similar fue rechazado en el Congreso durante la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el aval público de la Presidencia de la República.
Además, el organismo sostiene que las transacciones digitales ya cuentan con trazabilidad a través del sistema financiero, por lo que la medida resultaría innecesaria y redundante. Al respecto, subraya que no existen precedentes en otras democracias ni en sectores económicos mexicanos que otorguen al gobierno un acceso tan amplio y continuo a bases de datos privadas.
Como alternativa, la ALAI propone abrir un proceso de diálogo técnico y una consulta pública para diseñar mecanismos que fortalezcan la recaudación sin comprometer los derechos humanos, la privacidad de los usuarios ni la estabilidad del ecosistema digital.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
