Las principales asociaciones de telecomunicaciones en Colombia (GSMA, Andescom Asomovil, Asotic y Asiet) hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Congreso y a los entes de control y regulación para establecer un modelo de uso justo y equitativo de las redes digitales. Según ellos, esta medida es clave para cerrar la brecha digital, especialmente en las zonas rurales del país.
Las compañías, que prestan servicios móviles, fijos y audiovisuales a más de 41 millones de personas en el país, destacaron que Colombia ha logrado una cobertura poblacional de internet del 79%, ubicándose entre los 50 países con mejor acceso a nivel mundial y en el cuarto lugar en América Latina. A pesar de este avance, persisten desafíos importantes para alcanzar el 85% de cobertura nacional y el objetivo a largo plazo del 95%.
De acuerdo con el comunicado, en los últimos siete años las empresas del sector han invertido más de 55 billones de pesos colombianos para mantener, ampliar y modernizar la infraestructura de redes. Sin embargo, advierten que de acuerdo a la GSMA, alcanzar las metas propuestas por el Ministerio TIC requerirá alrededor de 4.500 millones de dólares adicionales, especialmente para llevar conectividad a zonas rurales y apartadas.
“El despliegue de redes en zonas alejadas del país se está viendo frenado, lo que amplía la brecha digital y limita las oportunidades de desarrollo regional”, advierten los firmantes. Agregan que esta situación podría traducirse en un rezago para Colombia frente a otros países latinoamericanos en términos de conectividad, innovación y competitividad.
Ante este panorama, los operadores instan al Estado a establecer un modelo de uso equitativo de las redes, donde todos los actores del ecosistema digital, especialmente aquellos que generan mayor tráfico de datos, paguen por el uso de la infraestructura.
Más regulación para plataformas digitales
Precisamente uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de regulación que permita equilibrar la relación entre operadores y grandes plataformas digitales, las cuales, para el sector, no pagan por el uso de las redes, a pesar de ser responsables del 67% del tráfico total, equivalente a más de 213 millones de películas en HD descargadas en un mes.
A esta situación se suma un panorama financiero cada vez más complejo. El ingreso promedio por usuario (ARPU) ha caído cerca del 70% en la última década, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), mientras el tráfico móvil se ha disparado un 57% entre 2022 y 2024.
“El modelo actual es insostenible. Las grandes plataformas definen unilateralmente las condiciones técnicas de entrega de contenidos y no están sujetas a la regulación local. Esto genera una falla estructural de mercado que necesita una corrección urgente”, aseguran los gremios.
En este contexto, citan experiencias internacionales como la de Corea del Sur, donde ya se han implementado regímenes de negociación supervisados por el regulador entre operadores y generadores de tráfico.
Además, citan diversos estudios de centros de pensamiento como la Universidad Nacional, JSM y NERA que coinciden en que el país debe adoptar un enfoque regulatorio que simplifique las condiciones para los operadores y exija una contribución proporcional a los grandes generadores de tráfico digital.
“Regular el uso justo de las redes no es solo una medida económica. Es una decisión política y social que impacta el derecho a la conectividad, la equidad territorial, la democracia y el futuro digital de todos los colombianos”, concluye el comunicado.
Las asociaciones piden reglas claras para un uso equitativo y sostenible de la infraestructura digital, advirtiendo que, de no hacerlo, se afectará la calidad y cobertura del servicio, especialmente en las regiones más apartadas del país.
