El Observatorio de Control Ciudadano ha interpuesto una acción de protección contra las principales operadoras de telecomunicaciones en Ecuador: Claro, Movistar, Tuenti y CNT. La demanda, presentada el 7 de noviembre ante una unidad judicial en Quito, busca garantizar el acceso continuo y de calidad a los servicios de telefonía móvil e internet, especialmente durante los cortes de energía que afectan al país. La audiencia se llevará a cabo el 28 de noviembre.
Las demandantes exigen que las empresas Conecel S. A., Otecel S. A., Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Tuentiplus S. A., junto con la Procuraduría General del Estado, implementen estándares técnicos para evitar interrupciones y establezcan mecanismos efectivos de atención al cliente. Según el observatorio, la actual crisis energética ha evidenciado fallas que vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información y la comunicación.
Ecuador enfrenta una crisis energética severa que ha afectado la provisión de servicios básicos, incluidos los de telecomunicaciones. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) argumenta que los cortes de luz superan los «límites técnicos» de sus sistemas, dificultando el funcionamiento continuo. Ante esta situación, el Ministerio de Telecomunicaciones anunció medidas compensatorias, como la entrega de gigas adicionales y el diferimiento de cobros. Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes para satisfacer a los usuarios.
Actualmente, el 82 % de las líneas móviles del país están controladas por Claro, Movistar y Tuenti, mientras que la estatal CNT maneja el restante 18 %. Las cifras revelan que Claro lidera con 9,4 millones de líneas activas, seguida por Movistar con 5,3 millones y CNT con 3,3 millones.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamado a las operadoras y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) para garantizar servicios eficientes y compensar a los usuarios afectados. Desde abril de 2024, esta institución ha exhortado a las entidades responsables a cumplir con los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que estipula la prestación de servicios continuos y de calidad.
En medio de un creciente malestar expresado en redes sociales, la Defensoría ha implementado mesas técnicas para gestionar reclamaciones y exigir respuestas inmediatas. Además, ha instado a los usuarios a presentar sus quejas ante las operadoras y, si es necesario, escalar los casos a Arcotel o a las delegaciones provinciales de la Defensoría.
