La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Ecuador (Arcotel) autorizó la octava prórroga del contrato de concesión de Otecel S.A., operadora de la marca Movistar en Ecuador, para la prestación del servicio móvil avanzado y larga distancia internacional. La extensión estará vigente hasta el 15 de octubre de 2025, o hasta que se firme una nueva concesión.
Esta renovación, solicitada por la propia Arcotel, retrasa la salida definitiva de Telefónica del país y el proceso de venta de sus operaciones en Ecuador a Millicom, que fue anunciado el pasado 13 de junio por Telefónica Hispam por USD 380 millones. Una transacción que depende de que el Estado ecuatoriano renueve oficialmente la concesión del servicio móvil avanzado.
Pagos provisionales
La resolución fija nuevas condiciones económicas y operativas durante ese periodo provisional. Movistar deberá pagar USD $2 millones mensuales como valor fijo, los días 15 de julio, agosto y septiembre.
Este monto será imputado posteriormente al costo total del nuevo título habilitante, en caso de concretarse su renovación. Además, la empresa debe seguir cancelando un valor variable del 2,93% sobre los ingresos facturados y percibidos, correspondiente a la duración de esta prórroga.
Según la entidad, si finalmente se decide renovar el contrato, el tiempo cubierto por esta prórroga se contabilizará como parte del nuevo período de vigencia. En cambio, si no se renueva, se aplicarán las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Además, el operador debe cumplir con todas las condiciones estipuladas en el contrato original firmado en noviembre de 2008.
Un proceso estancado desde 2021
La renovación del contrato de concesión de Movistar y Claro en Ecuador, está estancado por retrasos estructurales desde 2021. En agosto de ese año se anunciaron oficialmente las negociaciones con los operadores, pero desde entonces el proceso ha avanzado con lentitud.
En 2023, se cumplieron los contratos que firmaron tanto Claro como Movistar por un periodo de 15 años. Desde entonces, el Gobierno ecuatoriano ha hecho prórrogas para las concesiones, los dos operadores han operado bajo extensiones temporales, en espera de una resolución definitiva que permita renovar sus derechos para explotar el espectro radioeléctrico, desarrollar la tecnología 5G y continuar prestando servicios móviles en el país.
