El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó el anteproyecto de ley para crear un Sistema de Finanzas Abiertas, una iniciativa que busca modernizar el sistema financiero y de pagos del país mediante el intercambio seguro y consentido de datos financieros entre instituciones.
La propuesta, aprobada por el Directorio del BCU para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas, forma parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030 y busca fortalecer la competencia, la innovación y la inclusión financiera bajo un esquema de infraestructura regulada, colaborativa, interoperable e interconectada
De acuerdo con el banco central, el proyecto parte del principio de que los usuarios son propietarios de los datos generados a través de sus transacciones financieras. Además, podrán decidir con qué instituciones compartirlos para acceder a productos y servicios en mejores condiciones.
Interoperabilidad obligatoria y prohibición de screen scraping
Otro de los puntos centrales del proyecto es la obligación de desarrollar interfaces interoperables y seguras para compartir información y ejecutar operaciones dentro del sistema.
El BCU definirá estándares técnicos, operativos y de seguridad para garantizar interoperabilidad entre participantes y evitar barreras de acceso o prácticas discriminatorias. Además, establece que los participantes no podrán favorecer sus propios servicios frente a terceros ni imponer restricciones técnicas, operativas o económicas que limiten la competencia.
Con ello, Uruguay reemplazará mecanismos como el screen scraping —práctica en la que terceros acceden a cuentas usando directamente las credenciales del usuario— por interfaces reguladas y seguras para compartir datos y ejecutar pagos bajo consentimiento explícito del cliente.
El BCU busca que el acceso a datos y la iniciación de operaciones se realicen exclusivamente mediante interfaces habilitadas dentro del Sistema de Finanzas Abiertas.
Open finance y pagos iniciados por terceros
La iniciativa permitirá que personas y empresas compartan información financiera y transaccional con instituciones registradas, siempre bajo consentimiento previo, expreso e informado.
El sistema comprenderá datos vinculados a productos y servicios financieros, identificación de usuarios, saldos, movimientos, operaciones y transacciones, incluyendo información correspondiente a al menos los últimos 12 meses.
Además del acceso a datos, el modelo uruguayo habilitará que terceros autorizados puedan iniciar operaciones e instrucciones de pago en nombre de los usuarios, lo que abrirá espacio al desarrollo de nuevas experiencias digitales y servicios financieros.
De esta manera, el esquema no solo contempla intercambio de información financiera, sino también iniciación de pagos similar a modelos de open finance implementados en mercados como Brasil, Reino Unido y la Unión Europea.
El anteproyecto establece, además, que los Terceros Proveedores de Servicios deberán registrarse y obtener autorización del BCU para operar dentro del sistema y solo podrán solicitar los datos estrictamente necesarios para prestar el servicio ofrecido.
Modalidad gratuita y acceso regulado
El anteproyecto establece que el acceso a las interfaces tendrá una modalidad gratuita y otra remunerada para los Terceros Proveedores de Servicios.
La modalidad gratuita incluirá acceso sin costo a determinados tipos de consultas y a interfaces de iniciación de pagos sin límites cuantitativos. La remunerada aplicará cuando se excedan esos umbrales. En esos casos, los proveedores de acceso podrán cobrar contraprestaciones que deberán ser públicas, objetivas, razonables y no discriminatorias, detalla el texto.
El proyecto también fija límites concretos de consultas gratuitas por usuario y proveedor para ciertos tipos de información financiera y transaccional. Además, las instituciones no podrán trasladar cargos específicos a los usuarios por el uso de las interfaces del Sistema de Finanzas Abiertas.
Consentimiento revocable y protección de usuarios
El anteproyecto establece que los usuarios podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, sin costo y sin necesidad de justificar la decisión. En ese sentido, las instituciones participantes deberán garantizar trazabilidad del consentimiento, protección de datos, continuidad operativa y medidas de ciberseguridad.
La iniciativa incorpora principios de neutralidad tecnológica, transparencia, interoperabilidad, calidad de datos y resiliencia operativa, alineados con la normativa uruguaya de protección de datos personales.
Supervisión y sanciones
El BCU será responsable de regular y supervisar el funcionamiento del sistema, incluyendo el registro y habilitación de participantes. Según el documento, los funcionarios del banco central tendrán facultades de control similares a las de la Dirección General Impositiva (DGI) para supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas.
Asimismo, se aplicará el régimen sancionatorio financiero vigente en caso de incumplimientos regulatorios. La autoridad monetaria también podrá emitir normas técnicas específicas sobre interoperabilidad, autenticación, gestión de consentimiento, continuidad operativa y ciberseguridad.
Más competencia e inclusión financiera
Desde la perspectiva del BCU, el sistema favorecerá una mayor competencia entre proveedores financieros y facilitará el ingreso de nuevos actores al mercado.
La autoridad también prevé que el uso seguro y consentido de información financiera permita complementar los modelos tradicionales de evaluación crediticia, ampliando el acceso al financiamiento para personas y empresas con escaso historial crediticio.
Según el organismo, esto podría impulsar servicios financieros más personalizados, mejorar las condiciones de acceso al crédito y promover una mayor formalización de la actividad económica. La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas será gradual y el BCU definirá las etapas y plazos para la incorporación progresiva de las instituciones participantes.
