La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en México aprobó un dictamen para incorporar al Código Penal Federal el delito de suplantación de identidad, con el objetivo de sancionar el uso indebido de datos personales, medios de autenticación, elementos biométricos e inteligencia artificial para cometer fraudes u otros ilícitos.
La propuesta busca fortalecer la protección del derecho a la identidad y brindar nuevas herramientas a las autoridades para investigar y sancionar conductas que afectan no solo el patrimonio de las personas, sino también su seguridad jurídica, reputación y derechos digitales.
El dictamen, aprobado el 9 de julio con 24 votos a favor, plantea crear un nuevo capítulo denominado “Suplantación de identidad” dentro del Código Penal Federal, con disposiciones sobre el tipo penal, conductas equiparables, agravantes y reparación del daño. La norma protege tanto a personas físicas como a personas morales (empresas, organizaciones y entidades jurídicas), que también pueden ser víctimas de suplantación digital.
Deepfakes con IA también serán considerados suplantación de identidad
La reforma plantea sancionar a quienes utilicen sin autorización la identidad digital de otra persona —incluidos datos personales, medios de autenticación o datos biométricos— para cometer un delito, obtener un beneficio o causar un perjuicio.
El dictamen establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de entre 1.000 y 5.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a 117.000 y 586.000 pesos mexicanos (unos US$6,7 mil a US$33,5 mil).
La propuesta considera como elementos de identidad digital desde contraseñas y códigos de verificación hasta firmas electrónicas, datos biométricos y cuentas electrónicas. Además, el dictamen establece como conducta equiparable a la suplantación de identidad el uso de datos personales, identidad digital o elementos de identificación de otra persona sin consentimiento, incluso cuando dicha información sea de acceso público.
También incorpora como delito el uso de software, aplicaciones o sistemas de IA para generar, manipular o difundir imágenes, audios, videos u otros contenidos con el objetivo de suplantar la identidad de una persona física o moral para cometer un delito o facilitar su comisión.
Alcance en banca y servicios financieros
Adicionalmente, la iniciativa establece que, cuando la suplantación de identidad esté relacionada con delitos del sistema financiero, se aplicarán las disposiciones previstas en la Ley de Instituciones de Crédito u otras normas financieras cuando exista regulación específica. En caso contrario, la conducta quedaría sujeta al nuevo capítulo incorporado al Código Penal Federal.
El dictamen también contempla que las sanciones por suplantación de identidad se aplicarán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos derivados de esa conducta y establece la posibilidad de reparación del daño causado a las víctimas.
Sanciones aumentarán en casos específicos
El proyecto plantea incrementar las penas hasta en 50% cuando la conducta sea cometida por un servidor públicoa aprovechando sus funciones o información a la que tenga acceso.
También aplicaría este aumento cuando el responsable utilice conocimientos técnicos o especializados en informática, telecomunicaciones o tecnologías digitales. Cuando exista una relación laboral, profesional, comercial, de confianza o parentesco con la víctima o cuando el delito sea cometido de manera reiterada o sistemática.
La reforma considera además como agravantes los casos en que las víctimas sean mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.
Las sanciones también podrían incrementarse cuando se cause un daño acreditado a la reputación, historial crediticio, derechos políticos, patrimonio o identidad digital de la víctima.
Fraudes digitales impulsan nuevas reglas
La reforma integra diversas iniciativas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios con el objetivo de establecer un marco federal para sancionar la suplantación de identidad.
Los legisladores señalaron que el crecimiento de servicios digitales, comercio electrónico, pagos en línea y herramientas de IA ha generado nuevas formas de fraude que ya no se limitan al uso indebido de documentos físicos.
Actualmente, estas prácticas pueden involucrar datos personales, cuentas digitales, medios de autenticación, elementos biométricos y otros identificadores utilizados para validar la identidad de una persona.
Entre las propuestas incorporadas al dictamen se encuentra una iniciativa del Partido del Trabajo, que señaló algunas de las modalidades más frecuentes de fraudes de suplantación de identidad. Entre las más destacadas compras en e-commerce, contratación de productos financieros y técnicas como el SIM swapping, con las que delincuentes buscan tomar control de una línea telefónica para acceder a códigos de autenticación.
La Condusef ha registrado casos de posible robo de identidad en servicios bancarios, relacionados con créditos no reconocidos, cuentas o tarjetas no solicitadas, contratos no autorizados y operaciones no reconocidas.
Aún se necesita precisión jurídica
Durante la discusión, legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal frente al crecimiento de los fraudes digitales, campañas de phishing y nuevas formas de uso indebido de tecnologías.
El diputado Sergio Mayer del partido Morena señaló que el aumento en el uso de aplicaciones móviles, pagos digitales y servicios financieros en línea ha ampliado los riesgos para los usuarios y requiere nuevas herramientas jurídicas para enfrentar delitos tecnológicos.
Por su parte, el diputado Guillermo Anaya del partido PAN, señaló que su bancada presentó observaciones para fortalecer el dictamen y darle mayor certeza jurídica, particularmente en la definición de conductas y alcances de las sanciones.
El legislador advirtió que una redacción más precisa permitiría evitar interpretaciones ambiguas y reducir riesgos de que la norma pudiera derivar en restricciones indebidas a la libertad de expresión.
Con la aprobación en comisión, el dictamen continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados antes de una eventual discusión en el Pleno.
