El Senado de México se encuentra en la recta final para aprobar la reforma laboral que regula el trabajo en plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi. Tras el aval unánime de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva del Senado y podría ser aprobado en el Pleno antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
Con 462 votos a favor en lo general y 389 en lo particular, la reforma ya había sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados, marcando un avance significativo en la protección de los derechos de conductores y repartidores.
De ser aprobada en el Senado, esta reforma representará un cambio histórico en el modelo laboral de plataformas digitales en México, equilibrando la flexibilidad con la seguridad social para miles de trabajadores en todo el país.
Prestaciones sociales para conductores y repartidores de plataformas digitales
La reforma modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para garantizar derechos laborales a los trabajadores de plataformas digitales. Se reconoce una relación laboral subordinada durante el tiempo efectivo de trabajo para quienes generen al menos el equivalente a un salario mínimo.
Entre las prestaciones sociales a las que tendrán acceso están:
- Afiliación al IMSS para servicios de salud y seguridad social.
- Aportaciones al Infonavit para acceso a vivienda.
- Reparto de utilidades si laboran más de 288 horas al año.
En caso de no alcanzar el ingreso mínimo mencionado, los trabajadores serán considerados independientes. Bajo esta figura, recibirán protección contra accidentes laborales, aunque no tendrán acceso a las demás prestaciones sociales.
Además, la reforma mantiene la flexibilidad que caracteriza a estas plataformas, permitiendo a los trabajadores definir sus horarios y lugares de trabajo. No obstante, introduce un modelo que reconoce como actividad efectiva 45 minutos por cada hora trabajada, considerando 15 minutos como tiempo de espera.
Además, establece que la relación laboral terminará automáticamente si no hay actividad durante 30 días consecutivos, sin que la empresa tenga que indemnizar al trabajador.
Obligaciones para las plataformas digitales
El Senado de México detalló que el dictamen incorpora un Capítulo IX Bis a la LFT, definiendo la naturaleza del trabajo en plataformas digitales y estableciendo las siguientes obligaciones para las empresas:
- Pago oportuno: Las plataformas deben pagar los servicios en un plazo no mayor a una semana.
- Afiliación al IMSS: Inscripción obligatoria de los trabajadores al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Capacitación: Implementación de programas para formar y apoyar a los trabajadores.
Además, las plataformas deberán registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de autorizar y supervisar los contratos laborales, así como de imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Un elemento clave del dictamen es la implementación de una prueba piloto obligatoria para las plataformas, a cargo del IMSS, para garantizar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones. Posteriormente, el IMSS tendrá un plazo de 180 días para desarrollar las iniciativas que definirán los aspectos técnicos y operativos del aseguramiento.
Además, se prohíben prácticas como el cobro por inscripción o uso de la plataforma, el empleo de menores de edad y la retención de dinero fuera de los conceptos establecidos por la ley. También se busca evitar simulaciones de contratos que desvirtúen el vínculo laboral entre las plataformas y los trabajadores.
Las plataformas que incumplan las disposiciones enfrentarán sanciones de entre 250 y 25,000 veces la UMA; en 2024 es de 108,57 pesos mexicanos diarios. Con base en este valor, 250 UMAs equivalen a 27.142,50 pesos mexicanos (aproximadamente 1.345 dólares) y 25.000 UMAs equivalen a 2 millones 714.250 pesos mexicanos (134.459 dólares)
Estas penalizaciones incluyen la falta de registro de contratos laborales, cambios no informados en políticas de gestión algorítmica y violaciones en los pagos o registros.
