Tras semanas de debate público y críticas de especialistas, concesionarios, activistas y defensores de audiencias, el gobierno federal y legisladores del bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) acordaron una serie de cambios a la Ley de Telecom.
Las correcciones buscan frenar la concentración de funciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, atender preocupaciones sobre censura y competencia desleal, y evitar una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la fragmentación de funciones que durante la última década concentró el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien regulaba el sector. El nuevo modelo institucional plantea dividir esas responsabilidades entre tres entes distintos, con el objetivo de reequilibrar el poder regulatorio y garantizar principios de competencia, neutralidad tecnológica y transparencia.
Las modificaciones al proyecto de Ley de Telecom no surgieron exclusivamente desde el Senado, sino como resultado de un acuerdo entre el gobierno federal y los senadores oficialistas.
La Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, liderada por José Merino, presentaron las propuestas de ajuste a legisladores de Morena, PT y PVEM. Estas serán incorporadas al dictamen que será revisado por las comisiones unidas del Senado, encargadas de dictaminar la iniciativa antes de que pueda ser discutida y eventualmente votada en el pleno.
El dictamen modificado será discutido en comisiones del Senado en las próximas semanas y podría ser votado durante un periodo extraordinario de sesiones a partir del 23 de junio.
División de facultades del IFT
La propuesta revisada contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un organismo público desconcentrado con independencia técnica, operativa y de gestión. Esta comisión estará integrada por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, y será la encargada de otorgar y administrar las concesiones de espectro radioeléctrico y recursos orbitales —incluyendo servicios de internet, radio, televisión y satélite— así como de regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y supervisar su cumplimiento.
Por otra parte, las facultades en materia de preponderancia y competencia económica recaerán en una nueva Comisión Nacional Antimonopolios, creada a partir de la Ley de Competencia Económica. Esta instancia tendrá la responsabilidad de aplicar regulación asimétrica, intervenir en mercados concentrados y vigilar que ningún actor dominante abuse de su posición, una tarea que anteriormente ejercía el IFT.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, mantendrá su papel como ejecutora de la política pública en temas de cobertura social, conectividad satelital, administración de infraestructura digital y espectro. Sin embargo, ya no será la única entidad con facultades regulatorias, como se proponía originalmente.
Correcciones para cumplir con el T-MEC
Uno de los aspectos más delicados del proyecto inicial era la posibilidad de que el Estado ofreciera servicios de telecomunicaciones sin requerir una concesión comercial, lo que contravenía el principio de neutralidad a la competencia estipulado en el capítulo 18,18 del T-MEC.
Para evitar este incumplimiento, el nuevo dictamen establece que si el Estado mexicano desea prestar servicios como operador final (por ejemplo, de internet o telefonía), deberá obtener una concesión comercial, participar en licitaciones públicas en igualdad de condiciones con privados y pagar la contraprestación correspondiente. Esta disposición busca garantizar un piso parejo en el sector, evitar competencia desleal y proteger los compromisos internacionales de México.
Cambios en contenido, derechos de audiencias y espectro
El nuevo texto también elimina varias disposiciones que generaron preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y la pluralidad informativa. Entre los cambios más relevantes está la eliminación del artículo 109, que autorizaba el bloqueo de plataformas digitales sin necesidad de orden judicial, y la eliminación de los artículos 201 y 202, que condicionaban la transmisión de contenidos extranjeros a la aprobación previa de la Secretaría de Gobernación.
También se eliminan las definiciones de “proveedor de plataformas digitales” y “servicios digitales”, aunque se mantiene en la ley la definición general de plataformas digitales, con el objetivo de que en el futuro puedan ser reguladas bajo una legislación específica.
En materia de derechos de las audiencias, se restituye el texto vigente del artículo 8, eliminando la posibilidad de imponer sanciones automáticas. Ahora, solo se permitirá suspender transmisiones de manera precautoria con previa advertencia en casos de incumplimiento grave, particularmente en programación dirigida a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se eliminó la obligación del “uso correcto del lenguaje” para los concesionarios, una cláusula ambigua que fue señalada por especialistas como un riesgo potencial para la libertad editorial.
Como parte de las medidas para ampliar la inclusión digital y favorecer la conectividad en zonas marginadas, el nuevo texto incorpora mecanismos de estímulo para operadores sociales, públicos y comunitarios. Entre ellos, se permitirá diferir el pago de contraprestaciones por concesiones de servicio público de radiodifusión en anualidades durante los primeros cinco años de vigencia.
También se exenta del pago de derechos a operadores indígenas, comunitarios o de uso social, siempre que presten servicios en zonas sin cobertura o de atención prioritaria. Además, se introduce por primera vez en la ley la posibilidad de obtener descuentos en el pago de derechos por uso de espectro a cambio de compromisos de cobertura poblacional.
En cuanto al régimen de concesiones, se establecen nuevos controles societarios, como la obligación de informar anualmente sobre socios y asociados, requerir autorización previa para cambios estructurales y permitir la revocación de concesión si se incorporan socios no autorizados. Estas medidas buscan fortalecer la supervisión del sector y garantizar que las concesiones se mantengan dentro del marco legal.
Lo que no cambia en la nueva Ley de Telecom
A pesar de los ajustes, se mantienen algunos puntos del proyecto original. No se modificará el costo actual del espectro radioeléctrico, bajo el argumento de que su valor ha disminuido en términos reales en los últimos años. También permanece la definición de plataformas digitales y no se incorporan principios adicionales como libre elección, no discriminación ni protección de la privacidad, pendientes que podrían abordarse en una legislación posterior.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
