El Gobierno de Javier Milei tomó la de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, una medida adoptada por la administración de Alberto Fernández en medio de la pandemia de Covid-19, que declaraba como servicios públicos esenciales la internet, la telefonía y la televisión por cable, permitiendo así la regulación de precios por parte del Estado.
La derogación se realizó mediante el decreto 302/2024, publicado en el Boletín Oficial este miércoles. Esta medida pone fin a la intervención estatal en la fijación de precios en el sector de las telecomunicaciones, una política que había sido implementada para controlar la inflación y asegurar la accesibilidad de estos servicios durante la cuarentena nacional.
Desde que el gobierno argentino promulgó esta norma hace cuatro años, siempre hubo controversia y enfrentamientos legales entre el Gobierno y las empresas del sector. Las compañías de telecomunicaciones especialmente afectadas por las restricciones en la fijación de precios en un contexto de alta inflación, acudieron a la justicia con el argumento de la libertad tarifaria.
Este nuevo decreto, firmado por el presidente Milei y sus ministros, modifica la Ley Argentina Digital para establecer que los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tendrán la libertad de fijar sus precios, siempre que sean justos y razonables, cubran los costos de explotación y con una prestación eficiente.
La nueva normativa busca liberar el mercado y promover el desarrollo de un ambiente competitivo en el sector de las telecomunicaciones de la Argentina. Sin embargo, el impacto real en los usuarios aún está por verse, pues la eliminación de estas regulaciones podría resultar en aumentos de precios, aunque los servicios no muestran un atraso significativo en comparación con la inflación.
