El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), anunció un proyecto piloto que busca rediseñar la manera en que supervisa la contratación de servicios móviles, con un enfoque basado en riesgos y en la verificación anticipada de procesos.
Según el regulador peruano, la contratación de líneas móviles involucra múltiples puntos críticos, desde la validación de identidad hasta la activación del servicio, por lo que la iniciativa tiene como objetivo modernizar los mecanismos de fiscalización.
En ese sentido, detalló que no solo se centrará en aplicar sanciones posteriores sino también en intervenir de manera preventiva para identificar fallas antes de que se materialicen en incumplimientos regulatorios.
El piloto se desarrolla con la participación voluntaria de las operadoras Entel e Integratel. De acuerdo con el comunicado, colaborarán con el regulador en un esquema de co-creación, permitiendo analizar información técnica, diseñar herramientas de supervisión y evaluar riesgos asociados al proceso de contratación. Claro y Bitel decidieron no participar en esta primera fase.
¿Cómo funcionará la nueva fiscalización para la contratación móvil peruano?
El piloto del nuevo modelo de fiscalización para contratación móvil es un ejercicio no vinculante y sin efectos jurídicos individuales para los operadores.
Entre los elementos que serán revisados se encuentran la trazabilidad de los chips, los mecanismos de validación de identidad, el uso de equipos biométricos y los procedimientos de contratación y activación de líneas.
A partir de este análisis, el regulador busca desarrollar metodologías que permitan distinguir niveles de cumplimiento entre operadores y ajustar, en consecuencia, la intensidad de la supervisión.
El proyecto también contempla la elaboración de protocolos, listas de verificación y propuestas tecnológicas para fortalecer la confiabilidad del proceso de contratación. Este enfoque, según el regulador, apunta a cerrar brechas tanto tecnológicas como normativas, y a fomentar esquemas de autorregulación antes de recurrir a procedimientos sancionatorios.
Esta estrategia se alinea con una evolución reciente en su enfoque de supervisión. En los últimos años, las acciones preventivas han ganado peso frente a las medidas punitivas, pasando de representar una proporción menor a ocupar una parte significativa de las fiscalizaciones iniciadas.
El piloto tendrá una duración de cuatro meses e incluirá visitas de campo y evaluaciones técnicas en establecimientos autorizados en distintas regiones del país. El objetivo es construir un modelo replicable que pueda aplicarse a cerca de 70.000 puntos de contratación a nivel nacional.
Con este piloto, el regulador busca avanzar hacia un esquema en el que la fiscalización no solo responda a incumplimientos, sino que funcione como un mecanismo para anticipar riesgos y mejorar la calidad del proceso de contratación, en un mercado donde la protección del usuario y la integridad de los registros son considerados elementos estratégicos.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
