La Asociación Nacional de Plataformas Digitales, Alianza In México, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que considerare las implicaciones de mantener vigente el llamado «aprovechamiento» del 2% que el Gobierno de la Ciudad de México aplica a las plataformas digitales de reparto y movilidad.
La solicitud busca que el máximo tribunal del país revisará este 9 de octubre la constitucionalidad del gravamen, luego de que una empresa asociada a Alianza In promoviera un recurso de amparo en su contra.
El impuesto fue incorporado al Código Fiscal de la CDMX en 2022 bajo el argumento de compensar el uso del espacio público por parte de estas plataformas digitales.
La asociación explicó en su documento que declarar constitucional esta medida tendría efectos regresivos en la economía digital mexicana, pues impactaría directamente en los ingresos de miles de repartidores, conductores y pequeños comercios que dependen de este tipo de servicios para su sustento y crecimiento.
Además, representaría un obstáculo para la innovación tecnológica y un precedente negativo para otras entidades que podrían replicar la medida.
Alianza In sostiene que el “aprovechamiento” impone un trato fiscal desigual frente a otros prestadores de servicios similares, lo que genera incertidumbre jurídica para las empresas que operan en el ecosistema digital.
La organización también advirtió que este tipo de cargas podría poner en entredicho el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de libre comercio e inversión, especialmente los contemplados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En términos prácticos, el cobro adicional del 2% no solo incrementaría los costos operativos de las plataformas, sino que también podría traducirse en menores ingresos para los socios repartidores y mayores precios para los consumidores, detalla Alianza In.
Dicha afectación, explicó la asociación, tendría un efecto en cadena que alcanzaría a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que utilizan servicios digitales para su logística y ventas, así como a la competitividad del sector tecnológico en general.
La organización recordó que el ecosistema de plataformas digitales representa un motor relevante de autoempleo e inclusión económica, especialmente para personas jóvenes y mujeres.
Además, contribuye al crecimiento de la economía formal a través de innovación, digitalización y generación de oportunidades.
Finalmente, Alianza In expresó su confianza en que la SCJN realizará un análisis profundo del caso y emita una resolución que promueva un entorno fiscal equitativo y propicio para el desarrollo de la economía digital en México.
