El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y Entel Telefonía Local S.A., con el objetivo de obtener compensaciones económicas, reembolsos y eventuales indemnizaciones para los consumidores afectados por cambios unilaterales en sus contratos de servicios de telecomunicaciones.
La medida apunta a resarcir a más de dos millones de clientes que, tras un proceso de comunicación iniciado por la compañía a mediados de noviembre de 2022, vieron modificadas las condiciones de sus planes de telefonía móvil, internet y televisión de pago, las cuales comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2023, sin que existiera una manifestación expresa de consentimiento por parte de los usuarios.
De acuerdo con el Sernac, en la mayoría de los casos estas modificaciones derivaron en alzas en el valor de los planes, afectando tanto a servicios móviles como a contratos de televisión de pago satelital (DTH) y al canal Premium TNT Sports, donde el aumento de precios se habría aplicado de manera generalizada.
El organismo de defensa del consumidor sostiene que Entel habría puesto término de forma unilateral a contratos vigentes y, posteriormente, habría establecido nuevos contratos sin autorización explícita, otorgando al silencio de los consumidores el valor de aceptación.
Esta práctica habría generado cobros injustificados, motivo por el cual el PVC busca que la empresa devuelva los montos cobrados en exceso y compense los perjuicios ocasionados.
Además de las compensaciones económicas, el procedimiento contempla la adopción de medidas correctivas, como el cese de las conductas observadas y la revisión de cláusulas contractuales consideradas potencialmente abusivas, en particular aquellas relacionadas con la “Vigencia del Contrato” y la “Modificación del plan tarifario”.
A través de este proceso, el Sernac espera alcanzar una solución que permita reparar el impacto económico sufrido por los consumidores, garantizar la restitución de sus derechos y reforzar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en el mercado de las telecomunicaciones.
