El gobierno de Argentina avanzó en una reorganización integral del Sistema de Inteligencia Nacional mediante un decreto el primero de enero de 2026, que introduce cambios estructurales en la gobernanza del ciberespacio y crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como nueva autoridad nacional en la materia.
La medida redefine competencias entre organismos, separa formalmente las funciones de ciberseguridad y ciberinteligencia, y otorga un nuevo marco institucional para la protección de infraestructuras críticas digitales, redes de telecomunicaciones y activos estratégicos del Estado, de acuerdo con un boletín oficial.
Un nuevo organismo rector en ciberseguridad
El CNC funcionará como organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estará encabezado por un director ejecutivo con rango de subsecretario y un subdirector con rango de director nacional, y será la autoridad nacional encargada de planificar, ejecutar y supervisar las políticas públicas de ciberseguridad.
Entre sus funciones se incluye la protección del ciberespacio de interés nacional, la elaboración de políticas y planes con perspectiva federal, la definición de lineamientos técnicos para el sector público y la coordinación de programas de capacitación en seguridad digital.
El organismo también tendrá a su cargo la elaboración e implementación del Programa de Infraestructuras Críticas de la Información, así como la incorporación de buenas prácticas y estándares de seguridad orientados a reducir riesgos sistémicos.
El decreto otorga al CNC competencias directas sobre las redes y sistemas utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones, estableciendo que deberá intervenir en la adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan gestionar estos sistemas con el menor nivel de riesgo posible.
Asimismo, será responsable del monitoreo y respuesta ante incidentes informáticos que afecten al Sector Público Nacional y a las infraestructuras críticas, y de la conducción del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos (Cert.AR). Entre sus atribuciones figuran la coordinación de respuestas ante incidentes, la administración de un registro nacional de incidentes y la supervisión de prácticas de desarrollo seguro de software en organismos públicos.
Estas disposiciones adquieren relevancia en un contexto de creciente digitalización de servicios públicos, expansión de redes móviles y dependencia de plataformas digitales para la operación de servicios esenciales.
Separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia
Como parte de la reforma, la Agencia Nacional de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con un mandato específico orientado a la producción de inteligencia nacional sobre actores, hechos y amenazas que se desarrollen en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico.
La nueva agencia será responsable de analizar riesgos que puedan afectar la seguridad nacional, la soberanía tecnológica, las infraestructuras críticas digitales y la integridad de la información pública y privada, diferenciando estas tareas de las funciones operativas y preventivas de ciberseguridad asignadas al CNC.
El Ejecutivo justificó esta separación en la necesidad de evitar superposición de competencias entre organismos y garantizar la autonomía funcional entre la respuesta a incidentes y la producción de inteligencia estratégica.
Implementación por decreto y debate político
El Ejecutivo recurrió a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar la reforma, argumentando la urgencia de reducir riesgos estratégicos, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la capacidad de anticipación frente a amenazas en el ciberespacio.
La decisión generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que criticaron tanto el uso del DNU como el alcance de las modificaciones introducidas a la Ley de Inteligencia Nacional, y plantearon objeciones sobre la falta de debate parlamentario y el impacto institucional de la reforma
El decreto ya se encuentra vigente, aunque deberá ser analizado por el Congreso, que podrá ratificarlo o rechazarlo en el marco del control parlamentario previsto para los DNU.
