La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 31 de octubre una ley que promete cambiar el panorama de las telecomunicaciones en el país: la “Ley General de Telecomunicaciones Convergentes”. Esta nueva normativa busca modernizar y abrir el acceso a los servicios de internet, telefonía y otros canales de comunicación a todos los nicaragüenses, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico.
La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Ortega, busca superar la Ley de Telecomunicaciones de 1995 y adaptar el marco regulatorio a un mundo cada vez más digital y acelerado. De acuerdo con lo dicho por el gobierno en una publicación, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), fungirá como ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua. Es decir, tendrá el mandato de supervisar e implementar las nuevas normas para garantizar que los operadores cumplan con un sistema de reglas claras, justas y sin favoritismos, mientras se protege a los usuarios, quienes a partir de ahora podrán conservar su número de teléfono si cambian de proveedor, como un paso hacia una competencia más libre en el mercado.
La diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, subrayó que esta ley no solo garantiza un acceso más equitativo a los servicios de telecomunicaciones, sino que también refuerza la protección a usuarios con discapacidad, un sector a menudo desatendido. Según Martínez, la ley representa un avance en términos de inclusión y calidad de servicio para todos los ciudadanos.
El legislador Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, destacó la importancia de esta legislación en el ámbito internacional, colocándola como una regulación de “cuarta generación” según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esta categoría busca atraer inversiones extranjeras y fomentar el despliegue de infraestructura de alta velocidad y calidad en telecomunicaciones, lo que podría transformar a Nicaragua en un mercado atractivo para empresas tecnológicas e inversores de todo el mundo.
Por otro lado, Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva, explicó que la ley viene a llenar el vacío dejado por la anterior normativa, que ya no respondía a las exigencias de una sociedad que se mueve a la velocidad de la innovación tecnológica.
La ley entrará en vigor 12 meses después de su publicación en «La Gaceta», el Diario Oficial de Nicaragua, tiempo en el que tanto los operadores como TELCOR podrán ajustarse al nuevo esquema de regulación.
En un país donde la conectividad sigue siendo un desafío en muchas zonas rurales, se espera que esta norma sea no solo un cambio tecnológico, sino opción que acerque servicios esenciales de comunicación a quienes más lo necesitan.
Para el gobierno nicaragüense, esta ley marca un paso hacia una economía digital más inclusiva, que garantice igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso a la tecnología, reforzando a su vez el desarrollo económico y social en el país.
