La implementación de la tecnología 5G en Costa Rica ha enfrentado diversos obstáculos que han ralentizado el proceso de licitación y suscitaron polémicas en el ámbito político y regulatorio.
Hasta el momento, la Superintendencia de Telecomunicaciones ha establecido requisitos técnicos y de experiencia para los operadores interesados en participar en la licitación del espectro para el 5G, pero hace falta el documento formal. Sin embargo, el proceso no ha podido avanzar porque la entidad se enfrenta a obstáculos como la falta de quórum en la Superintendencia para escoger dos de los tres miembros que la conforman.
A esto se le suma otro obstáculo, que tiene que ver con la introducción de un requisito por parte del Ejecutivo, que mediante una ley de ciberdelincuencia, exige a las empresas interesadas demostrar su compromiso con el Convenio de Budapest suscrito por la Unión Europea, que no permite hacer convenios con empresas chinas, y manifestar que el país asiatico representa un riesgo para la ciberseguridad. En ese aspecto, empresas como Huawei, que es proveedor de telecomunicaciones en Costa Rica, se ve afectada por este decreto.
Este requisito es el que más controversia ha genarado tanto en el ámbito político como jurídico. Aunque esta ley no está directamente relacionada con el despliegue del 5G, ha creado confusión y desde el año pasado tanto el gobierno chino como Huawei han manifestado su desacuerdo con el gobierno costarricense. Huawei interpuso acciones ante la Sala Constitucional y medidas ante los tribunales de justicia.
Incertidumbre judicial
En entrevista con Mobile Time Latinoamérica, Edwin Estrada, Of Counsel en Écija Legal y ex viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, explica que la ley no es clara y que la decisión del ejecutivo está provocando incertidumbre jurídica en el país, desde el punto de vista del decreto que promulgó el ejecutivo, al ya haber ratificado este convenio.
“Desde mi punto de vista, el reglamento es poco claro, porque cuando habla de haber mostrado interés, la única manera desde el punto de vista jurídico y que cumpla con el principio de calidad es haber ratificado el convenio, no hay otra manera de que un país formalmente muestre intención, además el reglamento no dice qué es mostrar interés”, explica Edwin.
A pesar de las acciones legales interpuestas por Huawei y el mismo gobierno chino, aún no se ha logrado derogar este requisito, lo que añade incertidumbre al proceso. Aunque la Superintendencia de Telecomunicaciones publicó un borrador de los requisitos técnicos, de experiencia y de las en bandas que se van a subastar: 700 MHz, las bandas medias como la 3.200 y 3.500 MHz y bandas altas de 26 GHz, aún no se ha publicado el folio con las condiciones formales.
¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta Costa Rica con la llegada de la red 5G?
Políticas públicas necesarias para el despliegue
Además de los problemas regulatorios y políticos, Costa Rica, al igual que el resto de América Latina, enfrenta desafíos en materia de infraestructura y políticas públicas relacionadas con la digitalización del país.
El acceso a 4G en ciertas zonas del país aún es limitado, y el despliegue de la red 5G requerirá una inversión considerable, especialmente en áreas rurales y montañosas. Se espera que el internet satelital pueda complementar la infraestructura de redes 5G en estas áreas.
“Este es un proceso importante por el tema de la demanda, porque si no hay demanda no va a haber un incentivo para el despliegue de infraestructura, no será un incentivo para los operadores que van a invertir, ya que no verían un retorno adecuado”, manifiesta Edwin Estrada.
Para él, es necesaria una adecuada política pública en habilidades digitales, acceso y uso de los fondos de servicio universal para reducir la brecha digital en el país y generar una verdadera demanda para los operadores. “Es muy importante el tema de política pública, de la creación de habilidades digitales. Este tema es transversal para que todos los sectores de la economía identifiquen cuáles son los casos de uso, para que las empresas y sectores puedan utilizar los servicios de telecomunicaciones en sus procesos productivos”, agrega.
Trabas en la infraestructura local
Desde los gobiernos pasados se vienen implementando políticas públicas para avanzar en esos obstáculos, pero para ello se requiere de una colaboración entre diferentes entidades, incluidos gobiernos locales y ministerios encargados del desarrollo de políticas públicas de infraestructura.
En Costa Rica la infraestructura física también se ha visto obstaculizada por regulaciones ineficientes y barreras impuestas por los gobiernos locales. En el país, por ejemplo, las municipalidades han establecido reglamentos que no están alineados con las necesidades técnicas del despliegue de redes de telecomunicaciones.
Para abordar este problema, se implementó una política pública integral que incluye la identificación de infraestructura existente, la revisión de reglamentos y la sensibilización de todos los actores involucrados. Esta política, que también fue respaldada por una ley para incentivar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, ha sido reconocida como una buena práctica a nivel latinoamericano.
Después de una lucha de los operadores en tribunales, desde el Viceministerio en aquel momento, se diseñó la política pública que actualmente cursa en el poder ejecutivo y que busca reglamentar que el interés municipal trasciende el nacional en materia de infraestructura de telecomunicaciones.
“Hay un principio de autonomía municipal, pero ese principio tiene un límite, nosotros analizamos el tema del interés público de las telecomunicaciones, los temas técnicos, la necesidad de la red. Entonces, en Costa Rica, la Sala Constitucional fue contundente y dijo que en ese caso trasciende el interés local y se convierte en un tema de interés nacional, con ese pronunciamiento hubo un fundamento jurídico que limita el tema de la autonomía municipal”, explica.
Asignación equitativa del espectro
Otro paso importante, es la asignación del espectro radioeléctrico, ya que en el caso de Costa Rica, históricamente el espectro estuvo controlado por un monopolio estatal. Sin embargo, con la apertura del mercado de las telecomunicaciones en 2007, se permitió la entrada de operadores privados, a través del tratado de libre comercio con Estados Unidos, aún persisten desafíos en cuanto a la asignación equitativa del espectro y la recuperación de algunas bandas.
