El Senado de México aprobó este miércoles 30 de septiembre una iniciativa que propone modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
La norma establece sanciones a quienes utilicen elementos de identidad de instituciones públicas, como imágenes, símbolos, dominios o documentos oficiales de manera ilegal.
Con reformas al Código Penal Federal, se busca endurecer las penas por piratería de obras protegidas por derechos de autor. Mientras que en la Ley Federal se busca sancionar el uso indebido de símbolos oficiales y la venta de productos falsificados.
La norma, también conocida como ‘Ley antimemes’, fue aprobada por el Senado con 72 votos a favor y 34 en contra por parte de la oposición, y será enviada a la Cámara de Diputados para ser discutida.
¿Qué cambia con la nueva ley?
De acuerdo con el documento enviado al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa busca proteger la identidad gráfica institucional del Estado mexicano frente a su utilización no autorizada a escala comercial, y establecer un sanciones cuando el objetivo sea engañar a alguna persona a través de medios electrónicos y digitales.
Para quien infrinja este artículo, la reforma establece sanciones con penas de tres a siete años de prisión y multas de entre 117 mil 310 pesos mexicanos (US$6.500) y 1,17 millones de pesos (US$64.900).
«De pronto sale un video con IA del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude o uno mío llamando a la gente a invertir, eso no estaba tipificado como delito, que es lo que es, un delito”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina de este jueves.
La reforma también propone castigar la venta u oferta de productos falsificados o copias ilegales a gran escala o «escala comercial», ya sea en establecimientos, locales, puestos temporales o semifijos, o mediante medios electrónicos, como redes sociales, tiendas en línea o páginas web.
En este caso, las sanciones van de cuatro a 10 años de prisión y multas de entre 234 mil 620 pesos mexicanos (US$12.990) y 2,35 millones de pesos (US$129,910).
Además, se elimina el requisito de un dictamen técnico previo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para que el Ministerio Público pueda investigar de oficio la falsificación de marcas y el uso indebido de símbolos oficiales.
Adicionalmente, introduce el concepto de “escala comercial”, que servirá para determinar cuándo ciertas conductas relacionadas con propiedad industrial y derechos de autor pueden considerarse delitos. La definición incluye actividades que buscan obtener un beneficio económico o una ventaja competitiva, así como acciones que puedan perjudicar de forma la actividad comercial, aunque no generen una ganancia económica directa.
Sheinbaum niega que la reforma prohíba los memes
Desde su presentación por parte de la presidenta, la propuesta generó debate entre el partido oficialista y la oposición, debido a sus posibles efectos sobre memes, parodias, caricaturas y otras expresiones críticas en internet.
Al respecto, durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de septiembre, Sheinbaum rechazó que la reforma tenga como objetivo prohibir memes o publicaciones en redes sociales y señaló que busca proteger la propiedad intelectual y combatir la piratería.
“No sé por qué, no tengo ni idea de por qué le llamaron ‘Ley Antimeme’ o como ‘prohibición de memes’. No sé de dónde sacaron eso, porque es una absoluta mentira”, afirmó
Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Gobierno de México, respaldó a la mandataria y afirmó que absolutamente nada en esta ley tiene que ver con los memes, críticas o sátiras. El artículo al que hacen mención es sobre el robo de identidad del gobierno para engañar a la población.
Preocupaciones por riesgos en la libertad de expresión continúan
A pesar de la aclaración por parte de Sheinbaum, el debate siguió presente durante la discusión en el Pleno del Senado cuando diversos senadores expresaron su rechazo a la reforma.
La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, advirtió que la norma busca impedir «sátiras, caricaturas, cartones y otras expresiones en contra del Gobierno Federal», lo que a su juicio inhibe la libertad de expresión y promueve la autocensura.
El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que no se puede «meter por la puerta de atrás» una reforma «autoritaria y censuradora» que inhiba la libertad de expresión, y subrayó que, aunque está en contra de la piratería, no se puede criminalizar la parodia, la sátira, la caricatura ni la crítica política.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el proyecto representa riesgos para la libertad de expresión al establecer penas de prisión y multas para quienes utilicen la imagen institucional con fines de parodia en redes sociales, y afirmó que con ello se busca «tener el control del espacio digital».
En contraste, la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, defendió la reforma y aseguró que «no estamos legislando contra el humor, estamos legislando contra el engaño».
Además de los partidos de oposición, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como ARTICLE 19, también cuestionaron la redacción de la reforma. El organismo señaló que expresiones como “con la intención de cometer un ilícito” podrían no delimitar con suficiente precisión las conductas que podrían ser sancionadas.
Otro de los cuestionamientos fue respecto a la definición de “escala comercial”, que contempla acciones capaces de perjudicar la actividad comercial incluso sin una ganancia económica directa.
Según ARTICLE 19, esto podría alcanzar determinados usos periodísticos, críticos, artísticos o educativos. Además, consideró necesario justificar el uso de penas de prisión cuando existen otras medidas para sancionar las conductas que busca combatir.
