La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) manifestó su preocupación por los nuevos requisitos de ciberseguridad establecidos en Argentina para la cadena de suministro de infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Según el gremio, la aplicación de estas exigencias podría generar obstáculos operativos, elevar los costos de infraestructura y retrasar la adopción de nuevas tecnologías como 5G.
El pronunciamiento se refiere a la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que incorpora el estándar SCS 9001 de gestión de seguridad de la cadena de suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Para ASIET, este estándar no tiene una adopción generalizada en América Latina y su exigencia en los pocos mercados donde se ha implementado ha generado fricciones operativas. La asociación menciona los casos de Costa Rica y Paraguay, donde su aplicación habría provocado dificultades y retrasos en la incorporación de nuevas tecnologías.
Por ello, solicitó abrir un espacio de diálogo y consulta con los actores del ecosistema digital, con el propósito de que las nuevas obligaciones se fundamenten en parámetros técnicos internacionales de trayectoria comprobada y no afecten los flujos de inversión ni el despliegue de conectividad.
“Reconocemos y valoramos la capacidad técnica del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en su rol en el ordenamiento del sector. Confiamos en su criterio para encauzar un diálogo fructífero que permita conciliar los objetivos de seguridad en línea con las necesidades de desarrollo de la industria de telecomunicaciones en Argentina”, puntualiza en un comunicado.
Neutralidad tecnológica
Para ASIET es clara la necesidad de fortalecer la seguridad de las redes y las infraestructuras digitales, que constituyen un componente fundamental de la soberanía y la gobernanza digital. Sin embargo, considera que las regulaciones deben adoptar un enfoque basado en riesgos y evaluar las amenazas reales, en lugar de establecer restricciones que puedan limitar la oferta tecnológica.
Por lo que recuerda que “es un principio técnico fundamental que el origen de un componente por sí solo no define la seguridad de una red. Recomendamos un enfoque basado en riesgo, las medidas de seguridad deben ser proporcionales y evaluar el riesgo real”.
Por eso, en su concepto, es fundamental que los proveedores de infraestructura demuestren el cumplimiento de buenas prácticas de la industria y estándares internacionales de ciberseguridad, priorizando medidas orientadas a prevenir accesos e interferencias no autorizadas.
Otro de los puntos cuestionados es la posible incertidumbre jurídica de la disposición, debido a la falta de definiciones claras sobre los criterios para determinar la criticidad de las infraestructuras y la ausencia de procesos de consulta previa con los actores del sector.
No obstante, advierte que la incorporación de certificaciones como SCS 9001 podría generar cuellos de botella, debido a que se trata de un estándar cuya madurez, tiempos y procedimientos de obtención todavía presentan incertidumbre y no es una exigencia general ni habitual en la normativa de telecomunicaciones de Latinoamérica.
Riesgos para la inversión
La organización también alertó sobre el riesgo de que los nuevos requisitos fragmenten el mercado y generen barreras de entrada para proveedores de tecnología. A su juicio, limitar la oferta de fabricantes podría incrementar los costos de adquisición y mantenimiento de equipos, restringir la innovación y afectar indirectamente la contratación de servicios por parte de los operadores locales.
En contraposición, ASIET defendió la adopción de estándares globales que garanticen la interoperabilidad y escalabilidad de las redes, así como la compatibilidad de infraestructuras de distintos fabricantes. Además, pidió considerar las particularidades de la industria latinoamericana antes de trasladar modelos regulatorios diseñados para otros mercados.
ASIET reitera su disposición al Gobierno argentino para trabajar con las autoridades para avanzar hacia un marco normativo que brinde seguridad jurídica, promueva la competencia y preserve las condiciones necesarias para atraer inversiones y ampliar la conectividad.


