El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de Perú lanzó una consulta pública para modificar su Reglamento General de Fiscalización, vigente desde hace más de diez años. Con ello, busca avanzar hacia un modelo de supervisión preventiva, basado en riesgos y con medidas de cumplimiento progresivas.
Para recoger opiniones de la industria y otros actores interesados, el regulador abrió una consulta temprana con cinco preguntas para recabar aportaciones antes de avanzar en la modificación del Reglamento General de Fiscalización.
La propuesta busca que las acciones de fiscalización se prioricen con criterios objetivos, como la probabilidad de incumplimiento de las empresas, el impacto en los usuarios, la reincidencia y la criticidad del servicio. El objetivo es adaptar la supervisión a los cambios del mercado y mejorar la eficacia con la que el regulador verifica las obligaciones de los operadores.
Uno de los cambios planteados es adoptar un enfoque de regulación responsiva, mediante una “escalera de cumplimiento” que permita aplicar medidas proporcionales a cada caso. Esta podría comenzar con advertencias y compromisos de mejora, continuar con medidas correctivas y llegar a sanciones cuando corresponda.
El planteamiento también contempla evaluar medidas más rigurosas, como el decomiso, el cierre temporal de puntos de venta o la suspensión de actividades, y reducir la asimetría de información entre el regulador y las empresas mediante una mayor automatización y el acceso remoto a datos.
OSIPTEL busca ampliar y reforzar los mecanismos de prueba para verificar posibles infracciones, especialmente en situaciones como la venta ambulatoria de tarjetas SIM o chips móviles.
El organismo plantea estos cambios ante un entorno marcado por la digitalización de los servicios, los riesgos de fraude, las exigencias de calidad, las interrupciones y la atención a los usuarios.
El planteamiento presentado, el modelo actual, basado principalmente en requerimientos posteriores de información, necesita adaptarse a la evolución tecnológica y a las mayores expectativas de los consumidores.
Según el regulador, la propuesta considera criterios y experiencias de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como referentes regulatorios de Brasil y Reino Unido, Anatel y Ofcom.
