El gobierno de México prepara un decreto presidencial para establecer obligaciones a las redes sociales en la detección, el reporte y retiro de contenidos que inciten a la violencia, el abuso o el acoso. La medida busca prevenir nuevos episodios de violencia en las escuelas y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Este anuncio llega luego de que se registraran episodios de violencia en diferentes estados de la República Mexicana. El más reciente fue el jueves 1 de octubre en el estado de Coahuila cuando 2 exalumnos de la Escuela Secundaria General No. 13 ingresaron al plantel con armas blancas y agredieron a integrantes de la comunidad escolar; el saldo fue una persona fallecida y cuatro lesionadas.
Sheinbaum señaló que las investigaciones encontraron similitudes entre los casos, principalmente que la comunicación se daba a través de redes sociales relacionadas con varios de estos sucesos.
“Estoy conformando un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica (…) El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina diaria.
El equipo estará liderado por Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Gobierno de México, e incluirá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se convocará a especialistas e instituciones académicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Según explicó la presidenta, el equipo deberá definir si las medidas se instrumentan mediante un decreto, una ley u otro mecanismo jurídico. El objetivo es que las plataformas retiren contenidos relacionados con posibles actos violentos y reporten los casos a las autoridades.
Qué obligaciones tendrían las plataformas digitales
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el grupo de trabajo analizará las obligaciones que tendrán las plataformas en tres ámbitos: detectar contenidos que inciten directamente a la violencia, retirarlos oportunamente y reportar los casos a las autoridades competentes.
Entre las preocupaciones del gobierno también se encuentran publicaciones vinculadas con abuso infantil, abuso sexual y actos delictivos, así como publicaciones que puedan coordinar agresiones.
Sheinbaum indicó que las medidas se plantearán para todas las plataformas digitales, aunque todavía no se han detallado las sanciones por incumplimiento ni los mecanismos específicos para aplicar las nuevas obligaciones.
Además, el gobierno prevé impulsar reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes. Entre los aspectos que se analizarán están la verificación de edad, las condiciones para que los menores abran cuentas y las medidas de protección acordes con su edad, incluida una mayor participación de madres, padres o personas responsables.
Como ejemplo de medidas que pueden adoptar las plataformas, Sheinbaum mencionó un acuerdo de Meta en Estados Unidos que contempla restricciones al tiempo de uso de redes sociales por menores, limitaciones de contenido y restricciones de acceso durante la noche. Para la mandataria, este tipo de mecanismos demuestra que las empresas pueden asumir una mayor responsabilidad en la protección de los usuarios menores de edad.
CNI reforzará el monitoreo de redes sociales
García Harfuch también informó que el Centro Nacional de Inteligencia ya realiza monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar contenidos, conductas o personas que puedan representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento. La estrategia contempla ampliar el seguimiento de comunidades y contenidos con estas características.
Adicionalmente, el CNI fortalecerá el análisis de información disponible públicamente en internet para reconstruir actividades digitales relacionadas con posibles amenazas, identificar patrones y establecer vínculos entre usuarios.
El secretario aclaró que consultar determinados contenidos o publicar una expresión en redes sociales no significa, por sí solo, que una persona vaya a cometer un delito. El objetivo es distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiera atención inmediata.
Sheinbaum precisó que la prevención y la persecución de delitos son asuntos distintos: cuando se comete un delito, las autoridades deben investigarlo y buscar a los responsables; las nuevas obligaciones para las plataformas buscan intervenir antes de que las interacciones o contenidos relacionados con actos violentos puedan derivar en nuevas agresiones.
“No se trata de hacerlo un delito penal, no. Lo que queremos es prevenir (…) y que no haya situaciones como estas en donde haya comunicación a través de las redes sociales”, explicó. La mandataria añadió que el diseño de la propuesta deberá evitar la censura y distinguir entre expresiones en internet y contenidos que puedan representar un riesgo.
SEP reforzará el programa ABC de las emociones
Como parte de la estrategia, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció que se reforzará el programa ABC de las emociones, mediante actividades en las aulas y asambleas con madres y padres de familia para fortalecer la comunicación con los adolescentes e identificar situaciones de riesgo.
Además, contempla buzones confidenciales en las escuelas para reportar posibles alertas y mecanismos de orientación psicológica, y la promoción de la lectura y los juegos tradicionales para fomentar la convivencia y reducir el uso de redes sociales.
