La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización no gubernamental mexicana que busca promover y defender la participación de los padres en la educación, reconoció que la restricción del uso de celulares en escuelas de educación básica es un primer paso importante.
Sin embargo, señaló que la consulta nacional se centró en el personal docente y en foros técnicos, dejando la opinión de las familias al margen del diagnóstico y la definición de las medidas.
A través de un posicionamiento sobre el Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establecen disposiciones para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, la UNPF celebró la decisión de las autoridades educativas de colocar el interés superior de niñas, niños y adolescentes al centro, así como el uso de evidencia internacional y los resultados de las consultas realizadas para definir las medidas.
No obstante, también consideró que las inquietudes y necesidades aportadas por las familias no se incluyeron por completo en la definición del problema y las soluciones. Según la organización, esta omisión debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia.
Esto se debe, de acuerdo con la UNPF, a que el uso de dispositivos digitales no termina en la escuela, sino que también forma parte de la dinámica de los hogares, las redes sociales y los espacios de ocio.
UNPF pide generar acuerdos entre escuelas y familias
Ante este panorama, la organización consideró que faltan algunos requerimientos para que el acuerdo se traduzca en un beneficio real para niñas, niños y adolescentes.
Entre sus peticiones está establecer un diálogo permanente entre escuelas y padres o tutores para acordar reglas comunes sobre el uso de dispositivos, incluidos horarios, restricciones a redes sociales y límites al uso de pantallas antes de dormir.
La organización también pidió que las autoridades acompañen a las familias con información clara, materiales accesibles, orientación práctica y capacitación complementaria básica.
Restricción de celulares en escuelas debe ir acompañada de una estrategia pedagógica
Del lado de los docentes, la UNPF señaló que la regulación de los dispositivos por sí sola no restablece la autoridad pedagógica y planteó la necesidad de una normativa integral, con límites y responsabilidades claras para cada actor. Según la organización, la ambigüedad en las disposiciones podría mantener las condiciones actuales o incluso agravarlas en detrimento de las y los profesores.
El colectivo sostuvo que la regulación de dispositivos debe acompañarse de una ruta pedagógica y didáctica para atender los rezagos educativos en áreas como lectura, escritura y matemáticas. También relacionó esta necesidad con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional que, según señaló, han identificado las y los docentes.
Por ello, pidió que las autoridades definan programas, contenidos y materiales educativos, incluidos libros de texto, que permitan mejorar las condiciones de aprendizaje y atender los rezagos pendientes.
Regulación entrará en vigor en noviembre
Según lo establecido en el Acuerdo 09/09/26, la nueva regulación entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026 y establece un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen sus instrumentos jurídicos.
Al respecto, la organización solicitó que las autoridades informen sobre las acciones que se implementarán para garantizar que las escuelas cuenten con los insumos necesarios para docentes y alumnos, así como con capacitación para maestros y programas educativos que permitan atender los rezagos pendientes.
Finalmente, la organización llamó a establecer canales efectivos de participación para las familias y mecanismos de evaluación periódica y transparente. Su planteamiento es que la política no se limite al uso de dispositivos, sino que también atienda las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de los estudiantes.
