En abril de este año el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial que busca construir capacidades propias en esta tecnología. El documento detalla que el Estado podría desarrollar y supervisar sus propios sistemas según las necesidades del país, en lugar de depender de soluciones de terceros.
Su aplicación contempla la automatización de procesos y la incorporación de esta tecnología a todo el ciclo de las políticas públicas: desde la identificación de un problema y el análisis de información, hasta el diseño de intervenciones, la prestación de servicios, el monitoreo y la evaluación de impacto.
El Plan establece cuatro condiciones para impulsar esta agenda: regulación, datos públicos de calidad, participación de la academia y la sociedad civil, y financiamiento sostenible, con un enfoque de inclusión que considere la diversidad del país.
La estrategia está conformada por tres pilares: un marco ético y legal, el desarrollo de talento y software público, y una infraestructura estratégica para la soberanía tecnológica.
Principios y regulación para la IA
El primer pilar propone establecer condiciones para el desarrollo y uso responsable de la IA en el sector público. En enero de 2026, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la ATDT presentaron los Principios de Chapultepec, que el Plan identifica como base ética para orientar el diseño, adopción, implementación y supervisión de sistemas de IA en el Gobierno.
El marco plantea principios como la protección de derechos, la responsabilidad humana sobre las decisiones apoyadas por IA, la explicabilidad de los sistemas, la no discriminación y la evaluación de los impactos sociales, territoriales y ambientales de estas tecnologías.
El Plan también propone un marco federal específico para IA, basado en seis principios: transparencia y explicabilidad, legalidad y uso ético, no discriminación, proporcionalidad; supervisión humana efectiva, y corresponsabilidad entre desarrolladores, distribuidores y usuarios.
En ese sentido, propone alinear la legislación con estándares internacionales y establecer derechos y obligaciones frente al impacto de la IA en los servicios, el trabajo, la privacidad y las libertades fundamentales.
Sin embargo, este componente permanece pendiente, ya que hasta el momento México no cuenta con ninguna legislación federal específica en materia de IA, por lo que el desarrollo de este marco continúa como uno de los elementos de la estrategia que todavía no se concreta.
El Plan prevé una arquitectura institucional con funciones diferenciadas: supervisión y vigilancia del cumplimiento normativo; evaluación, designación y certificación de sistemas; y protección de derechos de las personas frente a usos de alto impacto. La ATDT tendrá un papel central en la coordinación de esta gobernanza para evitar duplicidades y asegurar coherencia.
Software público y talento
El segundo componente busca que el Estado tenga capacidad técnica para desarrollar sus propias soluciones. Para ello, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial contempla la Fábrica de IA como un motor permanente de desarrollo de esta tecnología del Gobierno. Estará integrada por equipos multidisciplinarios que trabajen en proyectos prioritarios y establezcan metodologías, estándares y mejores prácticas para el uso de estas tecnologías en el sector público.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, documento presentado por Claudia Sheinbaum el 1 de septiembre de 2026 que reúne los avances reportados por su administración en su segundo año de gobierno, la Fábrica de Inteligencia Artificial ya registra avances en la implementación de esta estrategia, con herramientas desarrolladas para acelerar procesos gubernamentales, analizar información y mejorar servicios digitales.
Entre ellas se encuentra un chatbot de Atención Ciudadana, basado en modelos extensos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) y generación aumentada por recuperación (RAG), para atender consultas relacionadas con trámites. Otra de las herramientas desarrolladas es un Algoritmo de Riesgos Fiscales, que utiliza técnicas de metaheurística para identificar cadenas de riesgo entre registros federales de contribuyentes con comportamientos anómalos.
El Gobierno también reporta un Modelo de Riesgos IMMEX, basado en aprendizaje automático no supervisado para detectar anomalías en empresas; también destaca el OCR y Clasificador de Patentes, desarrollado para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que emplea IA para el reconocimiento óptico de caracteres, la extracción y clasificación de textos como apoyo al examen de patentes. Los proyectos forman parte de la estrategia planteada por el Plan para incorporar IA en procesos y servicios públicos.
El Plan Nacional contempla que la Fábrica amplíe progresivamente sus aplicaciones hacia sistemas de predicción de riesgos, supervisión y certificación de sistemas de alto riesgo, prospectiva, cooperación internacional y mecanismos relacionados con inclusión y ética.
Además de atender las necesidades del Gobierno, el documento plantea que la Fábrica pueda proporcionar soluciones tanto al sector público como al privado, mediante esquemas de escalamiento, capacitación continua y servicios especializados.
El desarrollo de capacidades humanas también es parte del segundo componente. El Plan plantea cerrar la brecha entre educación y empleo mediante formación especializada, certificaciones y habilidades transversales, incluido el inglés técnico. Esto con el objetivo de fortalecer un ecosistema nacional de servicios tecnológicos en áreas como IA, software, nube y ciberseguridad.
En este ámbito, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFI) ya amplió la escala prevista inicialmente por el Plan.
La primera convocatoria, difundida en noviembre de 2025, recibió más de 25.000 aspirantes. De ellos, más de 12.000 comenzaron clases en febrero de 2026, con el respaldo de 17 empresas tecnológicas, así como tutores de INFOTEC y el Tecnológico Nacional de México (TecNM). De acuerdo con el Segundo Informe ya hay 3.001 graduados y 1.532 estudiantes activos.
Posteriormente, en mayo de 2026, el Gobierno lanzó una segunda convocatoria para incorporar a 30.000 estudiantes, quienes comenzaron clases en agosto. Para esta segunda generación se contemplan 20 programas de formación especializada en IA, infraestructura, ciberseguridad, desarrollo de software y análisis de datos, complementados con formación en inglés.
El objetivo es formar talento para el mercado laboral y que las capacidades generadas por el programa también fortalezcan al propio Estado y alimenten los equipos especializados de la Fábrica de IA.
Infraestructura estratégica
El tercer componente del Plan corresponde a la infraestructura necesaria para desarrollar y operar sistemas de IA. En este pilar se encuentra Coatlicue, la supercomputadora pública que el Gobierno desarrolla como parte de su estrategia nacional de supercómputo.
El proyecto funciona como un articulador entre infraestructura de cómputo, investigación, desarrollo de IA e innovación. El Plan contempla que estas capacidades permitan entrenar modelos avanzados y atender necesidades estratégicas, mientras se conectan universidades, centros públicos de investigación y empresas.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, en marzo de 2026 inició operaciones el Centro Mexicano de Supercómputo, con un equipo de 177 personas investigadoras, para desarrollar capacidades nacionales en cómputo de alto rendimiento, inteligencia artificial, modelación avanzada y análisis de datos. En paralelo, el Gobierno también formalizó una colaboración técnica con el Barcelona Supercomputing Center para desarrollar capacidades en supercómputo e IA.
En este contexto, se definió la planeación de Coatlicue, que tendrá una capacidad estimada de 314.000 billones de operaciones por segundo y una inversión de más de MX$6.000 millones al término del sexenio. El proyecto busca ampliar la capacidad del país para procesar grandes volúmenes de información y apoyar aplicaciones como pronósticos meteorológicos, alertas tempranas, análisis de riesgos, investigación en salud y planeación energética.
La estrategia se complementa con el desarrollo de una red nacional de centros de datos, destinada a ofrecer hospedaje, nube privada, almacenamiento, respaldo y conectividad para las dependencias federales, con la meta de consolidar progresivamente los servicios digitales del Estado en una infraestructura nacional.
En este frente, el Plan contempla al Centro de Datos de Aguascalientes, que recibió una inversión de US$7 millones para ampliar su capacidad, y al Centro de Datos de Tulancingo, en proceso de habilitación.
Ambos forman parte del objetivo de construir capacidades de autoabastecimiento tecnológico, redundancia operativa y protección de la información pública, además de avanzar hacia una nube nacional para los servicios del Gobierno.
