Guatemala se encuentra entre los países de Centroamérica que más han avanzado en el despliegue de redes móviles, con una cobertura de conectividad cercana al 95, de acuerdo con el último informe de la GSMA “Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital”. Sin embargo, el país enfrenta ahora un desafío distinto: lograr que esa infraestructura sea utilizada de manera más intensiva y productiva por ciudadanos y empresas.
A este reto se suma el debate sobre la licitación de la banda de 700 MHz, realizada entre 2022 y 2023, cuyo valor volvió a ser el centro de la discusión ante la posibilidad de que el proceso sea declarado lesivo.
En entrevista con Mobile Time Latinoamérica, Lucas Gallitto, Director para América Latina y el Caribe de la GSMA, explicó que el caso guatemalteco resulta particularmente relevante cuando se compara con dos referentes regionales en materia de conectividad: Brasil y Chile.
“Aunque el precio del espectro suele compararse entre países para determinar si una subasta fue cara o barata, la industria advierte que el espectro radioeléctrico no tiene un precio internacional de referencia ni un mercado donde pueda transarse libremente. El espectro no tiene valor intrínseco. Tiene un valor que está alineado con la política pública”, explicó.
Para Gallitto, la lógica detrás de esta afirmación es que los recursos que un operador destina a adquirir espectro dejan de estar disponibles para otros componentes de la infraestructura, como el despliegue y modernización de redes.“ Si me gasto todo en pagar las frecuencias, no puedo invertir en despliegue de red”, señaló.
Inversión
Por eso, ante una eventual revisión de la licitación de 700 MHz entra en el debate la incertidumbre para los operadores, después de que las empresas participaran en un proceso formal, entregaran la información requerida y realizaran sus inversiones bajo las condiciones establecidas.
Por ello, una eventual declaración de lesividad podría generar incertidumbre sobre activos en los que ya se ha invertido. “Las empresas participaron de un proceso, se les pidió cierta información, pusieron esa información”, explica.
La preocupación es que una revisión del proceso pueda afectar las decisiones futuras de inversión, particularmente si los operadores perciben que los activos adquiridos podrían ser posteriormente cuestionados.
“Para Guatemala, el debate trasciende entonces cuánto dinero recibió el Estado por el espectro. La discusión central es qué modelo de asignación permite financiar infraestructura digital, ampliar la cobertura, mejorar la calidad y mantener incentivos para continuar invirtiendo”, puntualizó.
Guatemala frente a Brasil y Chile
Pese a las reservas frente al uso de benchmarks internacionales, Gallitto plantea una comparación específica con Brasil y Chile, considerados dos de los mercados líderes de América Latina en conectividad.
“El resultado muestra que Guatemala pagó alrededor de 20% más por la banda de 700 MHz que Brasil, mientras que el valor pagado en Guatemala fue aproximadamente 2,5 veces el registrado en Chile, es decir, cerca de 150% más”, puntualiza.
El caso de Brasil presenta una escala y unas condiciones geográficas considerablemente más complejas. “El país tiene dimensiones continentales y cerca del 70% de su cobertura 5G corresponde a tecnología stand-alone, mientras que sus redes se encuentran entre las más rápidas del mundo”, añadió.
Chile, por su parte, ha mantenido históricamente una posición destacada en los indicadores regionales de conectividad. “Si me comparo con dos países a los que me quiero parecer y en los dos pagué más”, enfatiza.
En este caso particular, Gallitto considera que se abre una discusión sobre qué debe buscar una política de espectro: maximizar los ingresos inmediatos para el Estado o facilitar las condiciones para ampliar la cobertura, mejorar la calidad de las redes y hacer más asequible el acceso.
No es solamente llegar con cobertura
El caso de Guatemala muestra además cómo la agenda de conectividad está entrando en una nueva etapa. Pese al alto costo, el país cuenta con una cobertura cercana al 95%, pero su principal problema ya no sería únicamente llevar infraestructura a más población, sino conseguir que las personas utilicen efectivamente las redes y que esa conectividad genere beneficios económicos y sociales.
Entre las principales barreras identificadas en el estudio de la GSMA aparecen el costo de los dispositivos, la falta de contenido local relevante y las brechas en habilidades digitales. “Esto significa que una política de conectividad no puede concentrarse exclusivamente en el despliegue de infraestructura. También requiere acciones coordinadas con sectores como educación y producción”, agrega.
Para Gallito, uno de los principales espacios de oportunidad estaría en el segmento empresarial. “El objetivo es que tecnologías como 5G dejen de utilizarse principalmente para consumo de contenidos y comiencen a incorporarse como herramientas para elevar la productividad”.
