La Cámara de Diputados de Chile dio un nuevo paso hacia la regulación de los contenidos generados mediante inteligencia artificial al aprobar un proyecto de ley que sanciona la creación y difusión de deepfakes.
La iniciativa, impulsada por la diputada Gael Yeomans, busca proteger a las personas frente a representaciones digitales realistas pero falsas de su imagen, cuerpo o voz, tecnologías que pueden ser utilizadas para cometer fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad o afectar la reputación de terceros.
Multas de hasta $716 millones
Uno de los principales elementos de la propuesta son las sanciones económicas para quienes incurran en las conductas reguladas. El proyecto contempla multas de entre 5.000 y 10.000 UTM, equivalentes aproximadamente a $358 millones y $716 millones, respectivamente.
Además, los tribunales podrían ordenar medidas cautelares para retirar o bloquear contenidos, con el objetivo de evitar que la difusión de una representación falsa genere un daño que posteriormente resulte difícil o imposible de reparar.
La iniciativa establece también un nuevo concepto de “derecho a la integridad digital”, mediante el cual toda persona tendría derecho a que su imagen, cuerpo o voz no sean utilizados para generar representaciones digitales verosímiles, pero falsas, mediante inteligencia artificial u otras tecnologías.
Además, se busca que la identidad digital podría extenderse más allá de la muerte. En ese escenario, los herederos podrían ejercer acciones cuando la imagen, voz o cuerpo de una persona fallecida sean recreados mediante inteligencia artificial sin autorización.
Empresas y plataformas digitales
La propuesta también contempla obligaciones para personas naturales, empresas y plataformas digitales, aunque establece una excepción para los servicios de mensajería privada.
Entre las medidas previstas se encuentra el etiquetado de contenidos generados mediante IA y la obligación de las plataformas de retirar material denunciado en un plazo máximo de 72 horas. También se plantea que estas compañías cuenten con un representante legal en Chile. La fiscalización de estas disposiciones quedaría en manos de la Agencia de Protección de Datos Personales.
El proyecto también generó debate alrededor del nivel de responsabilidad que se asignaría a las plataformas digitales respecto de los contenidos publicados por sus usuarios.
Entre las preocupaciones planteadas están los riesgos de afectar la libertad de expresión, así como la posibilidad de que las nuevas obligaciones generen incertidumbre para empresas que desarrollan o utilizan tecnologías de inteligencia artificial con fines legítimos.
El desafío será,establecer mecanismos que permitan actuar rápidamente frente a contenidos maliciosos sin generar incentivos para retirar de manera preventiva material lícito.
Deepfakes y fraude
La discusión legislativa se produce en un escenario de crecimiento de las estafas y ataques digitales potenciados por inteligencia artificial.
De acuerdo con el Fraud & Security Report 2026 de Infobip, el phishing representó el 49% del contenido dañino bloqueado a nivel global durante 2025, con un crecimiento interanual del 94%. Además, el 70% de los ataques de phishing móvil se produjo mediante SMS, canal en el que las estafas aumentaron 40% durante el mismo período.
En América Latina, los datos citados en el informe muestran un incremento de 148% en la tasa de fraude de identidad en Chile y un aumento de 57% en la actividad de malware desde el último trimestre de 2025.
En Colombia, los intentos de toma de control de cuentas aumentaron 188%, acompañados por un incremento de 77% en el uso de deepfakes. En Argentina, por su parte, el uso de esta tecnología para cometer fraude creció 66%.
A escala global, más del 81% de los casos de fraude con IA detectados durante 2025 involucraron deepfakes, según los datos citados por la compañía.
Chile se suma a la carrera regulatoria
El proyecto chileno se incorpora a una tendencia internacional que busca establecer reglas para el uso de inteligencia artificial y para combatir los riesgos asociados a contenidos sintéticos y deepfakes.
La Unión Europea, a través de su AI Act, y distintos estados de Estados Unidos han avanzado en regulaciones relacionadas con contenidos generados o manipulados mediante IA.
El avance de la iniciativa refleja uno de los principales desafíos que enfrenta la regulación tecnológica: cómo proteger la identidad y reputación de las personas sin limitar el desarrollo legítimo de la inteligencia artificial ni afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
