El sistema de pagos en Chile avanza hacia una mayor digitalización, pero enfrenta retos en interoperabilidad, fraude, costos de cumplimiento y coordinación regulatoria, de acuerdo con la segunda Radiografía de los Pagos de Chile 2026, elaborada por ChilePay y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
El reporte plantea que el país cuenta con una infraestructura de pagos desarrollada y una población habituada a las transferencias electrónicas, pero que el siguiente desafío consiste en ampliar los pagos cuenta a cuenta hacia nuevos casos de uso, particularmente los pagos de personas a comercios (P2M).
En 2025, el Banco Central registró más de 634.000 comercios que aceptaban tarjetas, 14 emisores de prepago y 11,6 millones de tarjetas no bancarias vigentes. Los pagos con tarjetas representaron el 74% del consumo de los hogares en marzo de 2025, mientras que las transferencias electrónicas de fondos (TEF) se han consolidado como una herramienta de uso cotidiano.
Según la Primera Encuesta Nacional de Uso y Preferencias de Medios de Pago elaborada también por ChilePay y la CNC, encontró que 86% de los comercios considera que el efectivo está perdiendo terreno frente a los medios de pago digitales.
El reto está en llevar las transferencias a comercios
El principal límite del esquema actual de transferencias en Chile, según el documento, está en la interoperabilidad y en su capacidad para evolucionar desde pagos entre personas hacia operaciones más complejas con comercios.
Una transferencia P2P permite enviar dinero a otra persona de forma inmediata. En cambio, un pago a un comercio requiere validación del destinatario, conciliación, comprobantes estandarizados e integración con sistemas de caja.
Actualmente existen distintas soluciones para realizar pagos P2M sobre los rieles de transferencias. Entre ellas se encuentran esquemas desarrollados por bancos, iniciativas basadas en códigos QR y servicios de iniciación de pagos ofrecidos por compañías como Khipu, ETPay y Fintoc.
Sin embargo, estas alternativas operan de manera fragmentada y el ecosistema todavía no cuenta con una capa común que permita una interoperabilidad plena y una experiencia homogénea entre participantes.
Para avanzar hacia un sistema de pagos instantáneos más amplio, el documento identifica componentes como directorios de alias, esquemas comunes de QR, reglas de mensajería, validación de destinatarios y APIs estandarizadas.
La interoperabilidad también avanza en tarjetas
El reporte señala que la interoperabilidad en tarjetas entró en una etapa de madurez, aunque todavía existen aspectos pendientes relacionados con pagos recurrentes, portabilidad de tokens y algunas asimetrías derivadas de protocolos que generan diferencias en la experiencia de usuario.
Sobre esta base aparecen nuevas soluciones de valor agregado para comercios y consumidores, como Click to Pay, Tap to Pay, passkeys y multiadquirencia.
Un ejemplo de cómo la regulación puede habilitar nuevos usos es Pago Ágil en el transporte público. En enero de 2026, el Banco Central sometió a consulta una propuesta para permitir operaciones fuera de línea con tarjetas nominativas en sistemas de transporte regulados. Posteriormente, el Ministerio de Transportes aprobó los términos y condiciones para su implementación en Metro y Tren Nos.
En sus primeras dos semanas se registraron más de 700.000 transacciones con tarjetas bancarias mediante esta modalidad.
Fraude sigue presionando al ecosistema
La expansión de los pagos digitales también mantiene el fraude como uno de los principales retos. Durante el primer semestre de 2025, los bancos registraron más de 127.000 denuncias por fraude con medios de pago digitales, por un monto cercano a US$75 millones. Aunque las cifras fueron inferiores a las del mismo periodo de 2024, el volumen mantiene al fraude como una presión constante para el ecosistema.
En el Barómetro Regulatorio de los Pagos 2026, 44% de los actores consultados identificó la responsabilidad por operaciones no autorizadas como uno de sus tres principales focos de tensión regulatoria.
La Ley 20.009 establece reglas sobre la responsabilidad frente a operaciones no autorizadas con tarjetas y transacciones electrónicas, y contempla mecanismos para avisar y bloquear medios de pago, restituir fondos y determinar la carga de la prueba.
En ese escenario, la Autenticación Reforzada de Cliente aparece como una herramienta para elevar los estándares de seguridad, aunque su implementación debe considerar las diferencias de riesgo entre operaciones, usuarios y dispositivos.
Costos y regulación, entre las principales tensiones
Los costos de cumplimiento obtuvieron una evaluación de 3,89 sobre 7 en el Barómetro —en una escala donde 1 es la percepción más negativa y 7 la más positiva—, lo que la convierte en la tercera dimensión peor evaluada.
El reporte señala que el problema no necesariamente está en una norma individual, sino en el efecto acumulado de implementar distintas obligaciones de manera simultánea.
Entre las áreas que concentran mayor tensión regulatoria, las finanzas abiertas y la iniciación de pagos por terceros fueron mencionadas por 50% de los participantes. Les siguieron el fraude y la responsabilidad por operaciones no autorizadas (43,5%); las asimetrías entre bancos y no bancos y la interoperabilidad técnica (38,7%) cada una; y los costos y cargas regulatorias de cumplimiento (29%).
Los pagos instantáneos y las transferencias fueron mencionados por 24,2% de los actores, mientras que la competencia por adquirencia alcanzó 21,09%.
El reporte advierte que cualquier aumento en los costos operativos del sistema (desde el procesamiento hasta la prevención de fraude) puede terminar trasladándose a precios, comisiones o condiciones de acceso para los usuarios.
Coordinación institucional, otro desafío
El Barómetro muestra una diferencia entre la percepción sobre las reglas y su implementación. La claridad del marco regulatorio recibió una evaluación de 4,87 sobre 7, mientras que la autorregulación obtuvo 4,65 y la proporcionalidad 4,45.
La coordinación entre las autoridades públicas que intervienen en el sistema de pagos obtuvo así una de las evaluaciones más bajas (3,94).
De hecho, este aspecto resulta especialmente relevante para transferencias, pagos cuenta a cuenta, iniciación de pagos, alias, QR y billeteras digitales, ya que estos sistemas requieren estándares técnicos, reglas de operación, mecanismos de compensación y liquidación, criterios de seguridad y modelos claros de responsabilidad.
Stablecoins abren otro frente
Mientras los pagos con tarjetas y las transferencias cuentan con una infraestructura consolidada, las stablecoins representan una etapa todavía emergente del sistema chileno.
La oferta global de stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias alcanzó aproximadamente US$238.000 millones en agosto de 2025, más de 60 veces el nivel registrado a comienzos de 2020. Sin embargo, su utilización como medio de pago continúa siendo limitada frente a los sistemas tradicionales.
Además, en Chile todavía no existe un régimen específico y completo para los pagos con stablecoins. El reporte identifica oportunidades para estos activos principalmente en pagos transfronterizos, remesas y liquidaciones, debido a su disponibilidad continua y a su capacidad de integrarse con servicios digitales.
Al mismo tiempo, persisten desafíos relacionados con la calidad y liquidez de las reservas, la redención de los activos, la custodia, la interoperabilidad con el sistema financiero tradicional y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La confianza como condición del sistema
La radiografía plantea que la confianza es un componente central de los pagos digitales y depende de tres elementos: seguridad operacional, certeza en el procesamiento y liquidación, y protección del usuario.
Aunque una operación pueda parecer instantánea, detrás debe existir infraestructura capaz de procesarla, compensarla y liquidarla correctamente entre las entidades participantes. A medida que aparecen nuevos rieles, la falta de estándares comunes puede aumentar la fragmentación, mientras que una coordinación lenta puede frenar la innovación y reglas de competencia insuficientes generar riesgos de exclusión o captura de estándares.
Chile ya cuenta con usuarios habituados a transferir dinero entre cuentas, infraestructura para pagos inmediatos, una alta penetración de tarjetas y una discusión regulatoria orientada a ampliar las alternativas para los comercios.
Por ello, el siguiente paso no necesariamente consiste en sustituir los medios existentes, sino en conectar las piezas mediante interoperabilidad, reglas comunes, seguridad y modelos claros de responsabilidad.


