Durante una citación realizada este martes en el Congreso de la República para analizar las condiciones bajo las cuales se adjudicó espectro en la banda de 700 MHz, diputados del bloque Cabal solicitaron al Gobierno evaluar una declaratoria de lesividad sobre la subasta 5G realizada en 2023, al considerar que el proceso pudo haber afectado los intereses del Estado por presuntas deficiencias técnicas y una limitada competencia entre los participantes.
La subasta, celebrada el 12 de septiembre de 2023, permitió la asignación de 60 MHz de espectro radioeléctrico distribuidos en seis bloques de 10 MHz, por un monto total superior a los Q1.000 millones. Sin embargo, según los diputados, únicamente participaron dos operadores móviles, lo que habría limitado la competencia en el proceso.
Precio de frecuencias
El actual superintendente de Telecomunicaciones, Herber Rubio, afirmó que la entidad no ha logrado localizar el estudio técnico que habría servido de base para determinar el precio de las frecuencias subastadas, situación que atribuyó a problemas administrativos heredados de gestiones anteriores.
Por su parte, el diputado Luis Aguirre sostuvo que las ofertas presentadas durante la subasta apenas superaron el precio base establecido, lo que impidió una puja efectiva que permitiera maximizar los ingresos para el Estado. El congresista aseguró que los recursos obtenidos pudieron haber sido entre un 124% y un 255% superiores si hubiera existido una mayor competencia.
Además, señaló que no existen evidencias documentales que confirmen la realización de un estudio técnico de valoración del espectro que justificara el precio base de Q335,3 millones por cada bloque adjudicado.
Declaratoria de lesividad
En cuanto al papel de la autoridad de competencia, Javier Bauer, presidente del directorio de la SiCom, explicó que la entidad no puede intervenir en la adjudicación debido a que la legislación vigente no tiene carácter retroactivo.
No obstante, recordó que los capítulos relacionados con defensa de la competencia, control de concentraciones económicas, infracciones y sanciones entrarán plenamente en vigor en diciembre de 2026.
Ante este escenario, los diputados plantearon impulsar una declaratoria de lesividad con base en los artículos 19 y 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Esta figura jurídica permitiría al Estado argumentar que los contratos derivados de la adjudicación resultan perjudiciales para el interés público y solicitar su revisión.
Los legisladores solicitaron que el caso sea elevado al presidente de la República y al Consejo de Ministros antes del vencimiento del plazo legal de tres años, previsto para el próximo 12 de septiembre.
Durante la sesión también surgieron cuestionamientos por el retraso en la implementación de la Ley de Portabilidad Numérica (Decreto 14-2025). Los diputados señalaron que la SIT aún no ha emitido el reglamento operativo requerido para poner en marcha la normativa, cuya publicación debía realizarse antes del 28 de enero de este año. La ley permitirá a los usuarios cambiar de operador móvil conservando su número telefónico.
