El Gobierno de Colombia dio un paso decisivo hacia la transformación de su sistema financiero al hacer obligatorio el modelo de finanzas abiertas (Open Finance), una medida que promete impulsar la competencia, la innovación y la inclusión financiera en el país.
A través del Decreto 0368 del 7 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda formalizó un marco regulatorio que obliga a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a compartir, bajo autorización de los usuarios, los datos financieros de sus clientes. Con esta decisión, el país se posiciona entre los pocos de América Latina que adoptan un esquema obligatorio.
El nuevo decreto modifica el Decreto 2555 de 2010 y reemplaza el modelo voluntario establecido en 2022, estableciendo un sistema en el que bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fiduciarias y otras entidades deberán habilitar el acceso a la información financiera.
Los datos son del usuario
El concepto central es que los datos financieros pertenecen al usuario. Bajo este esquema, las personas podrán autorizar que su información, como historial transaccional, productos financieros o datos de vinculación, sea compartida con terceros para acceder a mejores servicios.
“La clave aquí es el consentimiento informado y revocable. La idea fundamental de implementar esto es propiciar mejores experiencias: créditos más competitivos, asesoría financiera personalizada, agregadores de cuentas, pagos más eficientes”, afirma Roberto Gaudelli, Director Comercial de Prometeo.
Karol Benavides, directora regional de alianzas y estrategia para Latinoamérica en Fiskil
Desde la perspectiva estratégica, el decreto marca un cambio de paradigma. Para Karol Benavides, directora regional de alianzas y estrategia para Latinoamérica en Fiskil, el Open Finance deja de ser una iniciativa opcional para convertirse en infraestructura del sistema financiero.
“Para las entidades financieras, implica dejar de ver los datos como un activo a proteger y empezar a usarlos para generar valor y crecer; para los usuarios, significa tener control real sobre su información; y acceder a servicios financieros diseñados sobre su comportamiento, no sobre su historial limitado”.
Más competencia y menos fricción
Colombia lleva varios años construyendo un esquema sobre los datos abiertos en el sector financiero. Desde 2022, el país ha hecho ajustes en las normas, poniéndolo como una prioridad de política pública, hasta crear mesas de trabajo entre bancos, fintechs, gremios y el regulador, con el fin de desarrollar estándares comunes y pruebas de interoperabilidad.
Fue en ese proceso, que en 2025 se vio la necesidad de crear una esquema que obligué a las entidades a compartir los datos. “Open Finance obligatorio cambia los incentivos y convierte en una obligación que las entidades financieras abran sus sistemas y le devuelvan el poder a los usuarios”, explicó a Mobile Time Latinoamérica, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
El paso de un modelo voluntario a uno obligatorio es considerado altamente disruptivo por el sector. Según Santos, esta transición permite avanzar hacia un sistema más competitivo, en el que los usuarios tendrán mayor libertad para elegir productos financieros y cambiar de entidad con menos barreras.
En la práctica, esto podría traducirse en créditos más accesibles, mejores tasas y servicios personalizados, especialmente para poblaciones que hoy enfrentan dificultades para acceder al sistema financiero.
“La mayoría de los datos de los consumidores en Colombia no están trabajando para ellos, están atrapados en las entidades financieras. Open Finance obligatorio cambia los incentivos y convierte en una obligación que las entidades financieras abran sus sistemas, le devuelvan el poder a los usuarios sobre sus datos para que haya más competencia en el sistema financiero, inclusión e innovación”, señala Santos.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
Desde la industria, también destacan que el intercambio de datos permitirá construir perfiles de riesgo más precisos, lo que abre la puerta a ampliar el acceso al crédito. “De nuevo, lo más beneficiados somos los consumidores: con mejores productos, mayor libertad de elección, y menores fricciones en su experiencia digital”, agrega.
Retos para las fintech
A pesar del avance, el ecosistema fintech advierte desafíos en la implementación. Uno de los principales puntos de atención es la participación de las fintech no vigiladas por la Superintendencia, que dependerán de esquemas voluntarios para integrarse al sistema.
“Perdimos la oportunidad de poner en la misma cancha al sistema financiero tradicional con la industria fintech”, advierte Santos, quien aseguró que el sector hará seguimiento a cómo operan estos esquemas en la práctica.
Otro aspecto clave será evitar que los costos de implementación se trasladen a los usuarios o se conviertan en barreras de entrada para nuevos jugadores.
Seguridad
El decreto establece una arquitectura de “doble consentimiento”, en la que el usuario debe autorizar el uso de sus datos y la entidad financiera debe confirmar dicha autorización antes de compartir la información.
Para Roberto Gaudelli, este modelo fortalece la confianza en el sistema. “El usuario debe saber quién accede a sus datos, para qué y por cuánto tiempo, y tener control total sobre esa autorización”, explica.
Además, el esquema prohíbe que las entidades cobren por los datos en sí, limitando los cobros a costos de infraestructura, y elimina prácticas como el “screen scraping”, reemplazándolas por APIs seguras y estandarizadas.
Al respecto, Karol Benavides considera que esta nueva apertura le da la oportunidad a las entidades a repensar su modelos de negocio. “?El avance no está en abrir datos, sino en activar nuevos modelos de negocio. Las entidades financieras pueden evolucionar hacia ingresos basados en servicios y no solo en productos, los usuarios acceden a experiencias más simples y relevantes, y a nuevas formas de financiamiento basadas en datos que antes no eran visibles”.
Implementación
Ahora, la responsabilidad recae en la Superintendencia Financiera de Colombia, que tendrá 6 meses para definir el cronograma de estandarización y hasta 12 meses para poner en marcha elementos clave como el directorio de participantes.
Roberto Gaudelli, Director Comercial de Prometeo.
Las entidades, por su parte, contarán con un plazo de hasta 12 meses (prorrogables) para adaptarse a los estándares técnicos. El Gobierno ha señalado que este es un primer paso hacia un sistema más abierto que fomente la inclusión financiera y la entrada de nuevos competidores.
La experiencia internacional respalda esta apuesta. Países como Brasil han demostrado que, con una implementación adecuada, el Open Finance puede aumentar el acceso al crédito y dinamizar el ecosistema financiero.
Al respecto, Gaudelli agrega que: “Brasil, que lleva cuatro años con Open Finance obligatorio, es el referente regional: tiene más de 62 millones de consentimientos activos, más de 800 instituciones conectadas, y el Banco Central reporta un incremento del 25% en aprobaciones de crédito para segmentos previamente desatendidos”
En el caso colombiano, el éxito del modelo dependerá no solo de la regulación, sino también de su ejecución y de un cambio cultural en el que los usuarios reconozcan el valor de sus datos y ejerzan control sobre ellos.
“El Decreto salió, ahora tenemos que ponerle mucha atención a su implementación y desarrollo”, apunta Santos.
